Castilla y León ha decidido suspender cautelarmente las autorizaciones que habían sido concedidas hasta final de año para cazar ejemplares de lobo ibérico al norte del río Duero.

La Orden por la que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico incluye al lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) es “técnicamente, muy deficiente”, según el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Juan Carlos Suárez-Quiñones ha afirmado que “no regula adecuadamente” esta situación “transitoria”.

Ante esta situación de “inseguridad jurídica” el Ejecutivo autonómico, apelando al “principio de precaución”, ha dado orden a sus delegaciones territoriales de “suspensión de la eficacia de las autorizaciones dadas para la caza del lobo”. Al menos, según ha confirmado Suárez-Quiñones, hasta que los servicios jurídicos de la Junta terminen de analizar la Orden y determinen “en qué quedan las autorizaciones”. “Que son derechos concedidos a los ciudadanos”, ha puntualizado el consejero.

Frente común ante la Audiencia Nacional

A finales del mes de septiembre será presentado ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo contra la inclusión del lobo ibérico en el LESPRE.

Las cuatro comunidades autónomas más afectadas por los ataques de estos cánidos —Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia— están actuando en bloque y solicitarán medidas cautelares, confiando en que la Administración de Justicia resuelva “rápido” a su favor. “Cada día que pasa de aplicación (de la orden) es un día de perjuicios para los ganaderos y para el medio rural”, ha denunciado Suárez-Quiñones.

Mala experiencia al sur del Duero

Los datos hacen temer lo peor a los trabajadores del campo y a la Junta de Castilla y León. Al sur del Duero, donde ya estaba prohibida la caza del lobo ibérico, se asientan un 25 por ciento de los ejemplares censados en la comunidad autónoma. Sin embargo, son los responsables de entre el 75 y el 80 por ciento de los ataques contra la cabaña ganadera que se registran anualmente.

“Podemos imaginarnos qué va a pasar ahora”, ha reflexionado el consejero de Fomento y Medio Ambiente, para quien la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico “va a ser terriblemente dañina”.

La ministra Teresa Ribera “se ha equivocado”. “Claro que ha actuado respecto al reto demográfico, pero para perjudicarlo”, ha irozinado Juan Carlos Suárez-Quiñones.