Galicia ya prevé multas. Y Castilla y León no descarta sancionar a quienes no den su consentimiento para vacunarse frente al COVID-19.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea (Cs), ha reconocido que la Proposición de Ley impulsada por el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijoo (PP) “tiene cierto grado de racionalidad”.

“Nadie puede hacer obligatorias las vacunas”, ha afirmado Igea. La Ley de Autonomía del Paciente lo impide. En ella se indica que el paciente “tiene derecho a decidir libremente, después de recibir la información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles”. Pero “sí se pueden multar actitudes que supongan un riesgo para la salud pública”.

La Junta de Castilla y León no se plantea “en este momento” una modificación normativa a este respecto. Igea ha destacado el “muy alto” grado de aceptación de las campañas de vacunación en la Comunidad. Aunque “tampoco es una medida completamente descartable” para el Gobierno autonómico.