Unos okupas se cuelan en un chalet de este pueblo de Valladolid y el ayuntamiento lo tuvo claro: la medida que copian por toda España

Cigales (Valladolid) se ha convertido, en apenas unos días, en un ejemplo para muchos municipios de España. La decisión de su Ayuntamiento ante un caso de okupación reincidente ha dado la vuelta al país, no solo por su contundencia, sino también por su carácter preventivo. Todo empezó en la Avenida de Circunvalación, una tranquila zona de chalés sin cédula de habitabilidad, propiedad de la Sareb, que se ha visto alterada por la presencia de una pareja que ocupó ilegalmente una de estas viviendas.

No era la primera vez que ocurría algo similar. Los vecinos, hartos de la amenaza que suponen los okupas para la convivencia, fueron quienes alertaron a la Guardia Civil al detectar movimientos sospechosos. Lo que se encontraron los agentes no dejaba lugar a dudas: los ocupantes habían cambiado cerraduras, limpiado el interior del inmueble y se disponían a engancharse ilegalmente al alumbrado público. Un déjà vu para muchos, que recuerdan anteriores episodios de ocupación en la misma zona.

Una medida drástica que ya se copia

La respuesta del Ayuntamiento de Cigales no se hizo esperar. El consistorio, liderado por el alcalde Jaime Rodríguez y la teniente de alcalde Vanesa Martínez, optó por cortar el suministro de luz en toda la calle afectada. Y no solo eso: también bloquearon el acceso al tramo, generando una especie de cerco que impide a los okupas conectar servicios básicos. El mensaje era claro: aquí no se va a permitir que proliferen los asentamientos ilegales. COPE ha recogido sus declaraciones, donde reconocen que “la facilidad de que se enganchen al alumbrado no la tienen”.

Esta acción ha resonado más allá de las fronteras vallisoletanas. Municipios como Arroyo de la Encomienda, en la misma provincia, Cantabria, e incluso pueblos de Madrid, han comenzado a estudiar medidas similares contra los okupas. La clave está en actuar de forma rápida, antes de que la situación se eternice en los juzgados. Porque una vez que pasan más de 24 horas desde la entrada, el proceso de desalojo se convierte en una odisea judicial, como bien saben muchas familias afectadas en lugares como Cádiz o Valladolid capital.

Más intentos

Mientras tanto, la preocupación en Cigales no cesa. A pesar de que las demás viviendas de la calle han sido tapiadas por la propiedad para evitar nuevas ocupaciones, ya se han detectado intentos de entrada en otros chalés. Las patrullas de la Guardia Civil recorren la zona a diario, mientras los vecinos siguen vigilantes. El propio subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, se ha desplazado hasta allí para comprobar la situación de primera mano.

En paralelo, la Sareb ha interpuesto una denuncia judicial, aunque el proceso no es inmediato. La ocupación ilegal en España sigue generando situaciones de indefensión tanto para propietarios como para entornos vecinales. Por eso, cada acción contundente y legal que se toma desde los ayuntamientos marca una diferencia.

El caso de Cigales no solo ha encendido las alertas, también ha encendido ideas. Porque, como señala el propio alcalde, “no queremos que esto se convierta en un gueto”. Y, si la legislación actual no permite desalojar a los okupas con la celeridad que exige el sentido común, al menos se pueden crear condiciones disuasorias que hagan inviable su permanencia.

A veces, una calle a oscuras dice más que cualquier orden judicial. En Cigales, lo han entendido.