El Ministerio de Trabajo pretende implantar la reducción de la jornada laboral semanal hasta las 38,5 horas en 2024 y a 37,5 horas para 2025. Esta medida no deberá llevar aparejado en su aplicación, una reducción del salario para el trabajador.

Cope Salamanca ha entrevistado al Profesor de Economía de la USAL Miguel Angel Malo. El experto considera que la reducción de la jornada laboral debe ir vinculada a un aumento de la productividad.

Si no aumenta la productividad, crecerán los costes laborales

De lo contrario, se verán incrementados los costes laborales para las empresas y esto repercutirá negativamente en los planes de contratación o bien en un aumento del precio de venta al público de los productos y servicios ofertados.

"Cada empresa se rige por diferentes parámetros y condicionantes externos, de modo que la duración de la jornada debería negociarse a través de los Convenios Colectivos, bien de sector o bien de cada una de las empresas. No se debería implantar por Ley, como no se puede extrapolar lo que sucede en una o un grupo de empresas, a todos los sectores productivos", insiste Malo.

"Si se aplica sin tener en cuenta los criterios de productividad, volver a ampliar la jornada después, puede conllevar serios problemas en las relaciones sociolaborales, porque ya se han establecido unos derechos ante el trabajador".

Las PYMES, las más perjudicadas

"En todo caso, para una ciudad como Salamanca cuyo tejido empresarial se basa en las PYMES, habrá muchos problemas para asumir esta medida, por lo menos a corto plazo."

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"La experiencia de otros países, confirma que se puede favorecer la economía sumergida y los estudios han demostrado que no se favorece la creación de empleo, sino el incremento de costes". Apunta el experto.