Castilla y León recurre el decreto de regularización de inmigrantes: "Hay un cauce por la vía de integración ordinaria"

La Junta de Castilla y León recurrirá en los próximos días el real decreto de regularización de inmigrantes aprobado por el Gobierno de España, sumándose así a las cinco comunidades autónomas del PP que ya han iniciado acciones legales. El ejecutivo autonómico considera que la medida supone un “impacto grave” para los intereses de la Comunidad y es “contraria” a la normativa europea sobre control de fronteras y libre circulación.

Críticas al procedimiento y falta de diálogo

El sector de la defensa, una oportunidad para las empresas de Castilla y León: "La semilla está en las pymes"

El consejero portavoz en funciones, Carlos Fernández Carriedo, ha criticado que el Gobierno central no ha contado con las autonomías para elaborar este real decreto. “Ha sido aprobado sin diálogo con los ayuntamientos o las comunidades autónomas, que tienen mucho que opinar”, ha reprochado Carriedo, quien también ha afeado la falta de “control parlamentario”.

Además, el Gobierno de Castilla y León cuestiona el mecanismo habilitado para acreditar la permanencia en España antes del 1 de enero de este año. Según Fernández Carriedo, no se garantiza de forma “correcta” el cumplimiento de los requisitos, y ha censurado que se pueda acceder a la regularización con un billete de metro o un ticket de transporte público.

Un modelo de "inmigración ordenada"

Frente a la medida del Ejecutivo de Pedro Sánchez, Fernández Carriedo ha defendido el modelo de “inmigración ordenada” que, a su juicio, defiende la Junta, ligado al empleo como vía para la integración económica y social. “Son bienvenidos aquellos que lleguen a la Comunidad para trabajar y contribuir al desarrollo de esta tierra”, ha asegurado.

Son bienvenidos aquellos que lleguen a la Comunidad para trabajar"

Carlos Fernández Carriedo

Consejero portavoz en funciones

El consejero ha reconocido que las empresas de la región buscan personal sin éxito, pero ha matizado que la regularización no garantiza que los perfiles de los beneficiarios se ajusten a los demandados. En este sentido, ha destacado que Castilla y León acaba de marcar un “récord” de afiliados extranjeros a la Seguridad Social, con más de 101.000, y un ritmo de crecimiento superior a la media nacional. A su juicio, “el Gobierno ha creado un problema donde no lo hay” en lugar de optar por la integración a través de un contrato de trabajo.

Los servicios jurídicos de la Junta analizan ahora a qué tribunal dirigirse, si al Tribunal Supremo o al Constitucional, y si solicitarán la suspensión cautelar del proceso. Según estimaciones sindicales, entre 25.000 y 30.000 personas podrían ser regularizadas en Castilla y León.