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Sánchez garantiza un “impacto cero sobre el empleo” por el cese de la actividad en minas y térmicas

Además anunció un paquete de medidas que tendrá como resultado la creación de 300.000 puestos de trabajo en la próxima década

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Tiempo de lectura: 3'Actualizado 22 feb 2019

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado en Madrid la Estrategia de Transición Justa que aprobará el Consejo de Ministros el próximo viernes y que persigue,  que los cierres de centrales térmicas y minas de carbón produzcan un “impacto cero sobre el empleo y la población” en las comarcas afectadas.

Dicha Estrategia es una de las tres patas del paquete de medidas de energía y clima que aprobará el Gobierno y que se completa con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 y el anteproyecto de Ley de Cambio Climático que no podrá ver la luz ante el inminente fin de la legislatura. No obstante, Sánchez anunció que este paquete de medidas tendrá como resultado la creación de 300.000 puestos de trabajo en la próxima década.

Respecto a las comarcas mineras afectadas por el cierre de las minas y las centrales eléctricas de carbón, Sánchez aseguró que la Estrategia de Transición Justa contempla “la celebración de convenios de transición para todas las comarcas sujetas al cierre de minas, centrales de carbón o centrales nucleares, con el objetivo de que los cierres generen impacto cero sobre el empleo y la población al final del proceso”.

Según explicó en el acto de presentación celebrado en la sede del Ministerio de Transición Ecológica, esos convenios “garantizarán un acceso ágil y prioritario a las ventanas de financiación de la Administración General del Estado y vendrán acompañados de ayudas europeas, cuando sea posible, y de incentivos fiscales o de deducciones cuando se considere idóneo”.

 En su intervención, ante la atenta mirada de cuatro ministras (Transición Ecológica, Empleo, Hacienda e Industria), el presidente se comprometió además a que todos los pasos que se den en las comarcas mineras se hagan “siempre de acuerdo con los agentes sociales”, de “abajo a arriba, con consenso, con cooperación y escuchando”.

A su juicio, el Gobierno “ya ha demostrado con hechos su compromiso” ya que, argumentó, desde el primer día una de sus “prioridades” fue “garantizar una transición justa y ordenada para el sector de la minería del carbón”. Y es que en todo momento han sido conscientes de que el proceso de “transformación económica”, si bien “traerá importantes beneficios” también “generará, inevitablemente, ciertos desajustes que deben abordarse y prevenirse, especialmente en aquellas comarcas vinculadas muy intensamente a los combustibles fósiles”.

 A este respecto añadió que el “compromiso” del Gobierno es el de “aprovechar todas las oportunidades de la transición a una economía innovadora, competitiva y descarbonizada” y hacerlo mediante un “proceso solidario e inclusivo” en el que “no vamos a dejar a nadie atrás”, afirmó.

300.000 nuevos empleos

La Estrategia de Transición Justa junto al anteproyecto de Ley de Cambio Climático y al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, son los tres pilares esenciales que, a juicio del Gobierno, permitirán que España cuente con un marco estable, predecible y certero para lograr la “descarbonización” de su economía en 2050.

Según explicó el presidente, “los análisis demuestran también que el conjunto de medidas generará alrededor de 300.000 nuevos empleos entre 2020 y 2030, fundamentalmente ligados donde España es muy competitiva, los servicios, la industria y la construcción”. Así, el Gobierno fomentará que jóvenes, parados de larga duración y mujeres se beneficien de estas oportunidades, a través de políticas activas de empleo y formación profesional diseñadas específicamente para este fin.

Con este programa, dijo Sánchez, “el Gobierno crea un marco estable, que genera confianza y que promueve la inversión privada, las oportunidades de empleo y la modernización industrial”. De esta manera, anunció, el programa de inversión generará oportunidades de negocio que superan los 200.000 millones de euros en la próxima década, de los cuales 47.000 millones corresponderán a inversión pública estatal, autonómica, local y europea.

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