La cuota de autónomos aumenta hasta 135 euros más al mes: "No podemos ser los cajeros del Gobierno"

Un susto mayúsculo para los autónomos de Castilla-La Mancha. Casi un tercio del colectivo, unos 45.000 autónomos en la región, han visto cómo sus cotizaciones se han incrementado en 135 euros mensuales. Esta medida afecta de forma especial a los perfiles más vulnerables del tejido productivo regional: jóvenes, mujeres y el mundo rural.

Una subida del 42%

El foco del problema se sitúa sobre los autónomos societarios y colaboradores, cuya base mínima de cotización se eleva un 42%. Desde la Federación de Autónomos (ATA), su presidente en Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Rivero, denuncia que esta situación es insostenible. Rivero critica que, de no mediar una solución por parte del Ejecutivo, las bases de estos autónomos podrían aumentar hasta un 42% en 2026.

El gobierno de España sigue saltando a la labor más débil de la cadena"

Miguel Ángel Rivero

presidente de ATA

Para ilustrar el impacto, Rivero expone un ejemplo práctico: en un negocio familiar de Polán, si el autónomo principal abona una cuota de 300 euros al mes, su cónyuge como colaborador pasaría a pagar 435 euros. La queja del colectivo es clara, tal y como expresa el presidente de ATA: "no podemos seguir siendo los cajeros automáticos del gobierno cada vez que necesiten dinero".

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Un contexto económico asfixiante

Esta subida de cuotas llega en un momento especialmente delicado. Los autónomos ya se encuentran contra las cuerdas por la escalada de precios en los carburantes y otros productos esenciales para su actividad. Rivero lamenta que los autónomos sufren "precios abusivos" y que, en la inmensa mayoría de los casos, "no puede repercutir esas subidas a su público" debido a la fuerte competencia de las grandes superficies y las plataformas de venta online.

Ante este panorama, desde ATA instan al Gobierno a rectificar y anular la subida para no ahogar aún más a los trabajadores por cuenta propia. Aunque por el momento se descartan movilizaciones, el colectivo espera una reacción por parte del Parlamento o del propio Ejecutivo para revertir una medida que consideran injusta y perjudicial.