Guadalajara quiso ser independiente como Cataluña y solo un pueblo votó en contra: el día que Castilla-La Mancha solo tuvo cuatro provincias

La historia autonómica de Castilla-La Mancha pudo ser muy distinta. En los albores del proceso autonómico, cuando España comenzaba a dar forma al nuevo mapa territorial tras la Constitución de 1978, Guadalajara estuvo a punto de quedarse fuera. De hecho, durante meses, fue la única provincia que no se sumó a la creación del ente preautonómico, y solo un municipio se mostró inicialmente a favor de formar parte de Castilla-La Mancha. Fue Pastrana, bajo el mandato de Antonio Alegre. El resto, guardaron silencio o mostraron su rechazo.

Este hecho, poco recordado hoy, resurge con fuerza al cumplirse más de cuatro décadas de aquellos días de incertidumbre política. Los días 28, 29 y 30 de noviembre de 1979, mientras los ayuntamientos de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo votaban a favor de unirse, en Guadalajara la reticencia era la norma. La provincia dudaba entre varias salidas: adherirse a Madrid, seguir la vía uniprovincial como harían La Rioja o Cantabria, o crear una comunidad propia junto a otras provincias castellanas del norte. Para muchos guadalajareños, todas esas opciones eran más atractivas que integrarse en una comunidad con la que no compartían ni historia directa, ni economía, ni infraestructura.

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Durante aquellos meses, la Diputación Provincial de Guadalajara, liderada por Antonio López Fernández (UCD), fue el único organismo que mostró una tibia predisposición hacia Castilla-La Mancha, aunque sin un respaldo claro de sus diputados. Incluso cinco de ellos, pertenecientes al partido judicial de Molina de Aragón, llegaron a ausentarse para evitar pronunciarse. La falta de consenso fue tal que se aplazó cualquier decisión durante seis meses, tiempo que se aprovechó para tratar de convencer a los sectores más reacios.

El origen de esta crisis territorial no fue solo político. En Guadalajara se temía que la integración significara la marginalización de sus intereses frente a provincias con más afinidad entre sí, especialmente Ciudad Real o Albacete, corazón de La Mancha. La capital, además, miraba a Madrid como referencia natural. Su economía, su red de transportes y su entorno académico estaban más ligados a la Comunidad de Madrid que a las provincias vecinas castellanomanchegas. La Universidad de Castilla-La Mancha, por ejemplo, nunca ha tenido campus en Guadalajara, cuya formación superior depende de la Universidad de Alcalá de Henares.

Integración forzada por el contexto

Fue el contexto nacional y el temor al aislamiento institucional lo que acabó precipitando la entrada de Guadalajara en Castilla-La Mancha. En mayo de 1980, presionados por la evolución de los estatutos en otras regiones y por el avance del proceso en Madrid —donde se planteaba un modelo uniprovincial similar al del País Vasco o Murcia—, el PSOE local se alineó finalmente con el criterio del resto del partido. El Ayuntamiento de la capital, entonces con más de 50.000 habitantes, aprobó su adhesión, desbloqueando así la situación.

El 21 de noviembre de 1980 se celebró una sesión clave en Guadalajara: por unanimidad se decidió activar el proceso autonómico por la vía del artículo 143 de la Constitución. Tres días después, las cinco diputaciones adoptaron acuerdos favorables. La nueva comunidad vería la luz en 1982, aunque con heridas abiertas.

Guadalajara se sumó, sí, pero sin euforia. Su entrada fue más una decisión pragmática que una convicción identitaria. A día de hoy, esa sensación sigue viva. La provincia continúa sin conexiones ferroviarias con otras capitales castellanomanchegas y depende logísticamente de Madrid. Muchos vecinos aún se sienten más castellanos que manchegos, aunque oficialmente sean castellanomanchegos.