El cierre de El Pedregal enfrenta al Gobierno de Cantabria y al Ayuntamiento de Castro: pero, ¿qué está pasando?

El colegio público El Pedregal, en Castro Urdiales, se ha convertido en el centro de una batalla política, judicial y educativa en Cantabria. A pocas semanas del arranque del curso, la polémica está más viva que nunca: una jueza ha suspendido cautelarmente los acuerdos que permitían su cierre, la alcaldesa ha pedido la dimisión del consejero de Educación, y desde el Gobierno regional defienden que todo el proceso ha sido legal y que no hay vuelta atrás. 

 ¿Por qué quiere cerrarse el colegio?  

Para entender lo que pasa hay que ir por partes. El Pedregal es un colegio público que lleva años funcionando en un edificio alquilado por el Gobierno de Cantabria a la Fundación Barquín Hermoso. La Consejería de Educación ha decidido no renovar ese alquiler y, por tanto, cerrar el centro, alegando dos motivos: que hay suficientes plazas en los cinco colegios públicos de Castro y que el edificio no cumple del todo con la normativa actual, especialmente en temas de accesibilidad. 

 La reacción de la alcaldesa y la decisión judicial  

La decisión ha generado un fuerte rechazo entre parte de la comunidad educativa, el AMPA y el Ayuntamiento de Castro. Su alcaldesa, Susana Herrán (PSOE), denunció el proceso ante los tribunales, y una jueza le ha dado la razón de forma provisional, suspendiendo los acuerdos del patronato que avalaban el cierre del colegio. La resolución judicial, según la alcaldesa, “reconoce que hubo urgencia y riesgo de daño irreparable” y se ha adoptado sin ni siquiera escuchar a la otra parte, lo que refuerza —en su opinión— la gravedad del caso.

En una rueda de prensa cargada de reproches, Herrán acusó al Gobierno de Cantabria y al PP de cerrar el colegio por motivos ideológicos. “Si no respetan a las familias, ni el auto de una jueza, lo mejor que puede hacer el consejero de Educación es dimitir”, afirmó. Y fue más allá: criticó directamente a la presidenta María José Sáenz de Buruaga, a la que acusó de no dar la cara y de ser responsable política del cierre como presidenta nata del patronato de la Fundación Barquín Hermoso. 

 La respuesta del Gobierno de Cantabria  

Pero desde el Ejecutivo regional la postura es muy distinta. El consejero de Educación, Sergio Silva, ha salido al paso asegurando que la escolarización del curso 2025-2026 ya está cerrada desde el 27 de junio, con todos los alumnos reubicados en otros centros públicos del municipio. Según Silva, “una decisión judicial provisional no revierte un proceso de escolarización ya finalizado”. Para el Gobierno, el cierre de El Pedregal no responde a criterios políticos, sino a una planificación educativa lógica, basada en la existencia de plazas vacantes en otros colegios públicos y en la necesidad de optimizar los recursos.

Silva también ha recalcado que el edificio del Pedregal “nunca fue una solución definitiva” y que se recurrió a él años atrás por falta puntual de plazas, pero que ahora la situación ha cambiado. Además, ha asegurado que los equipos directivos de los centros receptores han trabajado con las familias para que el cambio sea lo menos traumático posible. 

 Las familias, en medio del conflicto  

El choque político es evidente, pero detrás hay algo más importante: las familias afectadas. Padres, madres y docentes que han tenido que adaptarse a un nuevo colegio sin saber si la medida era definitiva o podía revertirse. El Gobierno dice que ya no hay vuelta atrás. La alcaldesa cree que sí.

Y todo esto, a menos de dos meses de que empiece el nuevo curso.