Cantabria presenta una Ley que busca proteger a los profesores en las aulas: "Que sean promotores de convivencia"

El Gobierno de Cantabria ha iniciado la tramitación de una importante iniciativa legislativa en materia de educación: el anteproyecto de Ley de Autoridad del Profesorado y de la Convivencia Escolar. El consejero de Educación, Sergio Silva, ha anunciado que el texto se somete desde este 23 de enero a un período de diez días de información y audiencia pública, y que esta norma cumple un compromiso electoral con los docentes y con un mandato del Parlamento autonómico.

Según ha explicado Silva, la norma persigue un doble objetivo. Por un lado, reconocer la autoridad pública del profesorado, fomentando su consideración y respeto, y por otro, establecer un marco general para un modelo de convivencia de marcado carácter educativo, donde el docente actúa como "garante y promotor de esa convivencia".

ser 'autoridad pública'

El texto reconoce explícitamente la condición de autoridad pública a los docentes de Cantabria. Este reconocimiento se traduce en medidas concretas como la presunción de veracidad de sus declaraciones en el ejercicio de sus funciones, el respaldo de asistencia psicológica ante situaciones de conflicto y el fomento de la formación y la carrera profesional.

Se otorga ese respaldo que nos vienen demandando los profesores"

Sergio Silva

Consejero de Educación

Con esta ley, "se otorga ese respaldo que nos vienen demandando", ha afirmado Sergio Silva. El consejero ha matizado que este amparo legal otorga más seguridad al docente, pero ha subrayado que "no se trata de una patente para hacer absolutamente lo que a uno le apetezca", sino que se enmarca siempre "en el ejercicio de la tarea docente y dentro de los procedimientos correspondientes".

Un nuevo modelo de convivencia

La ley también se centra en la convivencia en los centros educativos. El segundo apartado fija las medidas educativas generales y las que se deben aplicar para restaurar la convivencia cuando sea necesario. Incluye, además, un artículo específico para definir el acoso escolar, poniendo el acento en la protección de la integridad y dignidad de la víctima.

Esta nueva norma no deroga el decreto de convivencia 53/2009 vigente, sino que lo refuerza como un "corpus normativo" global. Entre las novedades, el consejero ha destacado la posibilidad de ampliar las medidas provisionales durante la tramitación de expedientes o la inclusión de medidas correctoras, como la suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo máximo de 20 días lectivos.

Nuestra intención es poner el acento en que la convivencia debe trabajarse desde la prevención"

Sergio Silva

Consejero de Educación

A pesar de ello, el consejero ha insistido en que el enfoque no es punitivo. "Nuestra intención es poner el acento en que la convivencia debe trabajarse desde la prevención", ha señalado, explicando que el objetivo no es tanto el régimen sancionador, sino la intervención "desde el punto de vista educativo".

La percepción de los docentes

Preguntado por si la ley responde a un mal clima en las aulas, Silva ha afirmado que, según los informes del Gobierno, "en Cantabria tenemos un buen clima escolar". El consejero se ha referido a una encuesta realizada a 5.000 docentes cántabros -de los 11.000 que hay en Cantabria- por su departamento, cuyos datos "son buenos" y "no encajan muy bien" con los de algunos sindicatos que apuntan a un mayor malestar.

No obstante, ha reconocido que "hay una sensación desde el colectivo docente de que su profesión no es bien entendida o que, de alguna manera, es más difícil cada día". Por ello, considera conveniente reforzar y dignificar la profesión docente con una norma de rango legal como esta, diferenciando siempre el concepto de "autoridad" del de "autoritario".

Una vez finalice el periodo de alegaciones, el Ejecutivo espera aprobar el proyecto de ley en un plazo de seis a ocho semanas para remitirlo al Parlamento. Silva ha anunciado que iniciará una ronda de contactos con el resto de fuerzas políticas para negociar y buscar el consenso necesario para sacar adelante "una ley buena para Cantabria".