Un informe jurídico. Este es el motivo que arguye el Gobierno de Canarias para explicar la suspensión del preacuerdo para la estabilización de los empleados públicos previsto para el pasado viernes. La directora general de Función Pública del Gobierno de Canarias, Laura Martín, ha pasado por los micrófonos de COPE Canarias, donde ha explicado alguna de las claves, entre ellas la suspensión del acuerdo, algo que espera que quede solucionado en un máximo de 15 días.

Por otro lado, ha comentado que en el preacuerdo no se recoge que se vayan a estabilizar un número concreto de personas, porque siempre se habla de “plazas, en concreto, 2.949”. Este sería el número que a priori ha determinado la Administración que requiere de estabilización o de consolidación, esto es, se trataría de hacer funcionarios, esto es, esas plazas no se sacarían a concurso hasta la jubilación de las personas que sean declaradas en abuso de temporalidad.

No obstante, ha querido destacar que la temporalidad de un empleado público únicamente puede ser declarada judicialmente, por tanto, “ni un sindicato, comité de huelga o plataforma pueden hacerlo”, y es por ello que el Gobierno de Canarias trabaja en la identificación de las plazas que se encuentren esta situación, aunque en todo caso, “aquellos que hayan estado más de 3 años en la misma plaza, se entiende que son estructurales”.

Es por ello que en el preacuerdo se proponía la constitución de dos grupos de trabajo de composición paritaria entre Administraciones Públicas y el Comité de Huelga, aunque si fuera preciso se crearían otros adicionales.

El primero de ellos encargado de identificar a las personas que se califican como sometidas a abuso de temporalidad en el marco de los diferentes departamentos, agencias y organismos autónomos de la Administración General de la Comunidad Autónoma.

Un segundo grupo de trabajo tendrá que estudiar las medidas administrativas y jurídicas necesarias para garantizar la permanencia. Estos equipos quedarán constituidos la próxima semana y a partir de ese momento se establecerá un cronograma de trabajo.

Asimismo, Martín ha defendido que “no se debe tener en cuenta el modo en que los temporales accedieron a la Administración –si aprobaron o no la oposición o incluso si solo entraron tras superar una entrevista- , ya que lo que se busca es terminar con la temporalidad”.

SITUACIÓN COMPLEJA

El retraso en la firma del acuerdo ha puesto de manifiesto la complejidad del mismo, según Martín, por un lado, la plataforma de Afectados –PEFRALCA- envió un escrito al ministro de Función Pública, Miquel Iceta, aludiendo a que contaban con “posibles soluciones dentro del marco legal”, por lo que el Gobierno de Canarias, decidió escucharles. A esto se le suma el hecho de que el acuerdo no cuente con la firma de varios sindicatos mayoritarios –Comisiones Obreras y UGT-, y si de Intersindical Canaria y COBAS, lo que es una particularidad de Canarias.

Por último, se muestra confiada en resolver la situación en breve.