El Gobierno regional frena la declaración de zona tensionada en Las Palmas de Gran Canaria por la falta de datos oficiales

La declaración de Las Palmas de Gran Canaria como zona residencial de mercado tensionado se encuentra en punto muerto. El Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICV), ha enviado un requerimiento al consistorio para que subsane la solicitud, al entender que la documentación presentada no cumple con las exigencias de la ley estatal por el derecho a la vivienda.

El principal escollo: datos no oficiales

El director del ICV, Antonio Ortega, ha explicado que la petición del Ayuntamiento se fundamenta en informes de portales inmobiliarios online, una fuente que la administración autonómica no considera válida. Según Ortega, las decisiones con consecuencias tan importantes no pueden basarse en precios de oferta publicados en páginas web, sino en cifras consolidadas y rigurosas.

Las administraciones tienen que trabajar con datos oficiales y no con datos de publicaciones en web"

Antonio Ortega

Director del Instituto Canario de la Vivienda

“Las administraciones tienen que trabajar con datos oficiales y no con datos de publicaciones en web”, ha sentenciado Ortega. Por ello, se ha instado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a que justifique el “esfuerzo excesivo” que soportan los hogares o el crecimiento sostenido de los precios con datos procedentes del INE, el Catastro o el Registro de la Propiedad.

Una competencia autonómica bajo condiciones

Antonio Ortega ha aclarado que la competencia para declarar una zona como tensionada recae exclusivamente en la comunidad autónoma, no en los ayuntamientos ni en el Estado. No obstante, ha insistido en que el Gobierno de Canarias “no se ha opuesto” a la medida, siempre y cuando se cumplan los requisitos que marca la normativa vigente.

No estamos obligados porque las competencias en materia de vivienda fueron transferidas a las comunidades autónomas"

Antonio Ortega

Director del Instituto Canario de la Vivienda

“No estamos obligados porque las competencias en materia de vivienda fueron transferidas y así están contempladas en la propia Constitución, en las comunidades autónomas”, ha recordado el director del ICV. La ley estatal exige cumplir al menos uno de dos criterios: que el coste medio de la hipoteca o el alquiler más los gastos de suministro supere el 30% de la renta media de los hogares; o que el precio haya experimentado en los últimos cinco años un crecimiento acumulado de al menos tres puntos porcentuales por encima del IPC autonómico.

Un informe externo que avala la decisión

La postura del Ejecutivo canario se ve reforzada por un informe encargado por el propio Gobierno al Colegio de Economistas. Según ha desvelado Ortega, este estudio “establece categóricamente” que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria “no cumple con los requisitos para ser considerada como zona residencial de mercado tensionado”. A pesar de ello, el ICV sigue a la espera de que el Ayuntamiento aporte la documentación oficial que justifique su solicitud para todo el municipio.