Canarias reafirma su apuesta por el mercado británico en la World Travel Market de Londres

En el marco de la World Travel Market de Londres, una de las ferias turísticas más importantes del mundo, Canarias ha reafirmado su apuesta por el mercado británico, su principal emisor de visitantes. Con más de 5,3 millones de turistas procedentes de Reino Unido en 2024 (un 34,6% del total), el objetivo del archipiélago no es crecer en número, sino en calidad. "Vamos a reforzar la posición competitiva de las islas en Reino Unido, mantener el nivel en la afluencia de visitantes y avanzar hacia un modelo turístico de mayor valor añadido", ha explicado el Gobierno. Este año, la presencia canaria en la feria ha destacado también por su sostenibilidad, logrando reducir la huella de carbono un 50,5% respecto a la edición anterior.

Sin embargo, este objetivo de potenciar los segmentos premium, el turismo activo, deportivo y de naturaleza, choca con un crecimiento descontrolado que amenaza el modelo. El archipiélago ha alcanzado una cifra de 18 millones de turistas que, según Miguel Ángel Rodríguez, director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, "es muy difícil de mejorar y gestionar". La clave de este tope no está en la planta hotelera tradicional, sino en la explosión del alquiler vacacional, un fenómeno que el Ejecutivo busca ahora regular con una nueva y controvertida ley.

Un dique para el crecimiento descontrolado

La situación ha llegado a un punto de inflexión. Según datos del Gobierno de Canarias, la planta alojativa tradicional no solo no ha crecido, sino que ha perdido unas 30.000 plazas. En contraposición, las viviendas de uso turístico se aproximan ya a las 400.000 plazas, superando a la oferta reglada. "A día de hoy, al menos en cifras del registro general turístico, supera ya el número de plazas en vivienda ocasional a las del alojamiento tradicional, y eso es preocupante", ha afirmado Rodríguez. Esta realidad ha impulsado la necesidad de una ley que reequilibre la oferta.

18 millones de turistas son difíciles de mejorar"

Miguel Ángel Rodríguez

Director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística

La nueva normativa, que se espera que sea aprobada esta misma semana, tiene como primer objetivo ser "un efecto contención, un efecto dique". Según el director general, se establecerá una moratoria estricta: "en 5 años ni una más". Este periodo dará tiempo a los ayuntamientos y cabildos para planificar el fenómeno y depurar la situación actual, obligando a salir del mercado a todas aquellas viviendas que operan de manera ilegal. "No puede circular un coche sin ITV, sin seguro, con las ruedas desgastadas, y lo mismo pasa con la vivienda vacacional", ha sentenciado Rodríguez.

Proteger al residente de la gentrificación y la 'turistización'

Desde el Ejecutivo se insiste en que la ley no busca prohibir, sino ordenar un fenómeno que ha traído consecuencias negativas para la población local. Rodríguez ha señalado que la permisividad del decreto 113/2015 partía de una "premisa equivocada": que toda vivienda era susceptible de convertirse en un alojamiento turístico con una simple declaración responsable. Esto, ha asegurado, "no es sostenible, ni socialmente, ni económicamente, ni turísticamente, ni ambientalmente”.

El crecimiento sin control ha provocado, según el director general, tres fenómenos indeseables que el Parlamento Europeo ya ha advertido. El primero es la gentrificación, que expulsa a los residentes de los barrios más atractivos, como ha ocurrido en zonas como Guanarteme, Triana o Vegueta en Las Palmas de Gran Canaria. El segundo es la turistización, que implica la "laminación total del comercio de proximidad", sustituyendo negocios locales por franquicias impersonales. Finalmente, el más grave, la financiarización de la vivienda, que la convierte en un activo de alta rentabilidad inaccesible para los canarios.

Un futuro ordenado y de calidad

Rodríguez ha querido dejar claro que "la vivienda vacacional ha venido para quedarse, pero dentro de un orden", y el objetivo principal es que "el turismo beneficie al residente”. Para ello, la ley establece un marco claro. Con carácter general, los municipios podrán destinar hasta un 10% de su parque de viviendas a uso turístico mediante una ordenanza. Si un ayuntamiento desea superar ese límite, deberá justificarlo con un estudio de capacidad de carga que demuestre que los beneficios superan los perjuicios y que no se agravarán los problemas de gentrificación o acceso a la vivienda.

La normativa también abordará la precariedad laboral asociada a este modelo. Rodríguez ha planteado una pregunta clave: "¿Cómo es posible que más del 50 por 100 de las plazas de alojamiento que hubiese en Canarias no estén amparadas por un convenio colectivo?". La falta de regulación laboral, como la aplicación del convenio de hostelería o la exigencia de camas elevables, es otro de los frentes que se busca atajar. Además, se depurará el registro de viviendas, ya que muchas están inscritas 'por si acaso' pero no operan. En palabras de Rodríguez, "el por si acaso va a desaparecer" para dar paso a un mercado ajustado a la legalidad y la calidad.