La interventora del ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha sido denunciada por un presunto caso de prevaricación administrativa. Se le acusa de ejercer seis cargos público más, a parte de su empleo en el municipio del sur de Gran Canaria, cobrar en su totalidad por todos ellos, y no tener tiempo para cumplir con todas sus responsabilidades.

En COPE Canarias, Tania Naya se ha defendido de las críticas y asegura que cumple con todas las responsabilidades que le competen, ya que “no descansa hasta que cumple con todas las tareas que tenga en el día. Por eso trabajo mañana, tarde y noche”.

Tania Naya Orgeira asegura en nuestros micrófonos que ella comprende la confusión que puede suscitar que tenga varios empleos públicos, pero que ella cumple con todas las funciones que le competen por tener su plaza de habilitado nacional.

Tania Naya: “Yo comprendo que la persona que no tiene conocimiento del ámbito funcionarial muy específico de los habilitados nacionales, le puede resultar extraño. Lo cierto es que nosotros no nos sacamos una plaza en el ayuntamiento, sino que somos nombrados por el ministerio de Administraciones Públicas. Nuestro origen es antes de la constitución y nuestra función es controlar la legalidad de los ayuntamientos. Es decir, a mí me nombró el ministro de las Administraciones Públicas, para el desempeño de mis funciones”.

“La ley trata de garantizar que haya habilitados nacionales, tres en concreto en cada uno de los ayuntamientos de España. ¿Qué pasa?, que nosotros pasamos unas oposiciones como puede ser la de un juez o un fiscal y hay muy pocos funcionarios con carácter nacional que pasen esta oposición”, aseveró.

Tania Naya insiste en que como no hay suficientes habilitados nacionales en España para todos los ayuntamientos que hay, un habilitador nacional titular de un municipio puede acercarse a otro cercano a desempeñar sus funciones.

“Como nuestra función principal es el control de legalidad de los ayuntamientos, el Estado ha regulado mecanismos, para que en los que no haya un habilitado nacional titular, otro habilitado de otro municipio cercano puede asistir, aunque sea temporalmente, hasta que tenga su propio titular. Esto garantiza las funciones de control de legalidad y con el fin de garantizar que no haya ningún ayuntamiento que esté sujeto a ningún tipo de control”.

Asegura la interventora de San Bartolomé de Tirajana que “nosotros en principio tenemos un puesto de titulares en propiedad, obtenido por concurso, ya que lo convoca el ministerio de Administraciones Públicas. Yo tengo mi nombramiento en el ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y lo obtuve por el ministerio de Administraciones Públicas. Y después, nuestro real decreto que el 128/2018 que regula nuestro régimen jurídico específico, contempla fórmulas para asistir a los ayuntamientos, ya sea desde el propio cabildo o bien desde otros habilitados nacionales que trabajan en otros ayuntamientos cercanos para que asistan a aquellos ayuntamientos que no tengan titular”.

“Por ejemplo, aquellos ayuntamientos que no tienen secretario, pues uno de un municipio cercano, además de llevar sus funciones de su puesto principal, también lo hace de manera auxiliar. Esto no quiere decir que tengas dos puestos de trabajo. Tú tienes tu puesto de trabajo y lo único que haces es auxiliar a ese ayuntamiento, realizando las funciones reservadas, asesorando jurídicamente y emitiendo los informes preceptivos por ley, porque si tu no estuvieras y no se pudiera emitir esos informes, esos ayuntamientos no podrían seguir con su actividad ordinaria”, añade.

"MUCHOS INTERESES ECONÓMICOS EN EL MUNICIPIO SUREÑO"

Tania Naya insiste en que detrás de esa denuncia hay un gran interés para hacerle daño a su persona, a su profesión y a todas las funciones que lleva a cabo. Asegura que ella cumple con todas sus responsabilidades.

Según la interventora del consistorio de San Bartolomé de Tirajana: “Hay ayuntamientos en los que hay corrupción y otros en los que no. Por ejemplo, en el ayuntamiento de Ingenio no me he encontrado con esto. En San Bartolomé de Tirajana hay muchos intereses económicos. Para mí, supera al ayuntamiento en Marbella, todos sabemos lo que pasó en Marbella, ¿no?. Pues digamos que el ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana es un ayuntamiento que mueve muchísimo dinero y tiene muchísimos intereses económicos, desde dentro y desde fuera”.

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“Nosotros tenemos unas funciones muy concretas, y nuestra principal función es el control de legalidad. Cuando uno lleva a cabo escrupulosamente esa función de legalidad, lógicamente a lo mejor arruina el negocio de algunos, porque realiza una serie de prácticas que no son conformes, tanto dentro como fuera de la administración”, añade.

Tania Naya dice que no ha hablado de corrupción dentro del ayuntamiento. “Yo no voy a hablar del ayuntamiento en sí, porque lógicamente no es el ayuntamiento sino determinadas personas; dentro y fuera. Un ayuntamiento no es corrupto, las personas que trabajan fuera o que tengan que trabajar dentro pueden realizar determinadas prácticas que incurran en esas circunstancias. Entonces, yo lo puedo decir porque me lo he encontrado y lo estoy sufriendo”.

La interventora: “Lo estoy sufriendo porque nosotros por realizar nuestras funciones, yo como cualquier otro habilitador nacional que se pueda encontrar en la misma situación, debemos hacer nuestros correspondientes informes. La Fiscalía nos puede pedir documentación y debemos remitirla. Nos pueden pedir certificados y debemos notificarlos con la veracidad y datos sobrantes en contabilidad y demás, entonces puede que perjudique a unas personas”.

En cuanto a la persona que ha denunciado, la interventora asegura que se trata de un empresario que actúa en nombre de otros. “Ese empresario firma esa denuncia y esa denuncia está redactada por otras personas. Esas personas y todos sabemos perfectamente quiénes son esas personas, lo hacen con el único objetivo que tienen: quitarme del medio para seguir campando a sus anchas, haciendo lo que llevan haciendo hasta ahora desde hace muchos años. Ahora el negocio se les ha arruinado, porque yo no voy a entrar por el aro en diferentes cuestiones y no voy a consentir en diferentes actuaciones”.

Concluye que lleva tiempo sufriendo presiones ya que las funciones de interventor son entre otras llevar a cabo un “control de legalidad puro y duro. Lógicamente como interventora yo llevo el control de legalidad y yo soy la que mando los informes a las administraciones competentes. Ese es el problema, porque no voy a pasar por el aro en determinadas cuestiones y lo que vea que no es correcto lo diré y lo trasladaré”.

Tania Naya: “Si yo veo que una cuestión no se ajusta a la legalidad lo voy a hacer así, si veo alguna actuación irregular dentro o fuera que esté en mi ámbito de conocimiento, lo voy aponer de manifiesto y lo trasladaré a las instancias que lo tenga que trasladar, porque es mi función y mi obligación también”.

Destaca la interventora que “en ese control de legalidad han salido determinadas cuestiones: faltas de ingresos, determinadas gestiones municipales que no se saben dónde están... pero se puede complicar con determinadas denuncias que yo tenga que formular. Por lo tanto, no puedo facilitar muchos más datos que los que estoy dando, porque primero tendré que mandar el informe a la entidad correspondiente y no me parece correcto adelantar informaciones aquí”:

Concluye diciendo que “sí le puedo indicar que existen una serie de acciones que son irregulares y que causan perjuicios patrimoniales a la administración. Nuestra obligación es advertirlo e intentar que esa situación se regularice.