Delia García niega que la orden de apagar las cámaras fuera suya: "Salió del Gobierno de Canarias"

La presidenta de Quorum Social 77 ha negado que partiera de ella la orden para apagar todas las cámaras de seguridad de los centros de menores de inmigrantes que esta entidad gestiona. Delia García asegura que provino del Gobierno de Canarias, en concreto de la Jefatura del Servicio de Programas de Prevención y Protección de Menores. Una directriz que se envió por escrito a las entidades que colaboran con el ejecutivo canario en la gestión de estos centros y que se recibió el pasado 5 de mayo.

García desmentía así las informaciones que apuntaban a que había sido ella quien, motu propio, dio la orden a sus trabajadores, a través de un audio de whastapp en un chat común. En Herrera en Canarias aseguraba que esas cámaras se instalaron en los centros para proteger tanto a los menores, como a los adultos que allí trabajan

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LAS CÁMARAS SON PARA PROTEGER A LOS MENORES Y A LOS ADULTOS  

En concreto, los dispositivos se instalaron en los centros en donde había más incidentes para dejar registrado lo que allí pasaba ante la evolución de los acontecimientos. Y es que, según contaba, “hay muchas acusaciones falsas, chicos que han aprendido el mecanismo de recurrir a la Fiscalía, porque siempre les cree y así se quitan a educadores que no les favorecen”.

Cámaras, por cierto, que son las mismas que emplea la Policía y de las que miembros de la Fiscalía reconocieron su utilidad porque, en caso de que pasara algo, ellos pedirían las imágenes para contrastar la información. Y asegura que, si fuera por ella, “tendría las cámaras encendidas, porque si las pones es que no tienes nada que esconder”.

Hay muchas acusaciones falsas, chicos que han aprendido el mecanismo de recurrir a la Fiscalía

Delia García, presidenta de Quorum Social 77

La presidenta de Quorum Social 77 reconoce que son una forma de protegerse ante el desborde de la inmigración, con un volumen superior a las 3.000 personas en unos centros a los que se ha derivado a los perfiles más complicados: aquellos que alegan ser menores, pero tienen más de 18 y arrastran desde su país antecedentes penales. Asegura además que la supervisión ha sido constante, con visitas casi semanales, tanto por parte del Gobierno de Canarias como de otras entidades como Amnistía Internacional.

NO TIENEN PERSONAL DE SEGURIDAD: "NOS HEMOS SENTIDO MUY SOLOS"  

Delia García denuncia que, a pesar de tener que lidiar con estos perfiles, ellos no cuentan con personal de seguridad, al ser un centro de protección y no de reforma. “Nos hemos sentido solos, cuando había un incidente muy grave, teníamos que llamar a la Policía y estos tenían que llamar a otras patrullas porque la situación podía ser incontrolable", reconoce.

De ahí que señale que, cuando esta semana se produjo la intervención policial en el centro de la Fortaleza, por una denuncia de posibles malos tratos, aparecieran 60 agentes pertrechados con pasamontañas y con armamento, al considerar que así podían controlar la situación. El centro permanece cerrado.

Y matizaba que no se detuvo a nueve trabajadores del centro, sino a seis. Entre ellos, uno de los educadores, de procedencia subsahariana que trabaja como traductor y que es la referencia para muchos chicos. “En ese momento los chicos se amotinaron porque esta persona es su máximo referente. Ahí tienes la prueba de que no hay maltrato. Los chicos estaban llorando”, señala.

POSIBLES CASOS DE MALTRATO  

Sobre la posibilidad de que se haya producido algún caso de maltrato, reconocía el que haya podido entrar a trabajar alguien que tuviera algún tipo de comportamiento racista. Personal del que han prescindido, cuando se tuvo conocimiento de su actitud. Explicaba que, cuando se gestionan muchos menores con esa conflictividad, la rotación de personal es grande y hay un momento en el que los recursos humanos no dan abasto.

A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA  

La responsable de la entidad que más centros de menores gestiona en Canarias asegura que están a disposición de la justicia para conocer si se han dado episodios de malos tratos. Asegura que no son conocedores de ellos. Y, por otra parte, considera que en la actual gestión de los migrantes menores de edad, todos han cometido errores, al “estar muy sobrecargados, incluso la Fiscalía”.

Por eso pide que los primeros mil migrantes que salgan hacia la península sean de sus centros: “Nos quedaríamos bastante tranquilos y haríamos las cosas mejor de lo que lo estamos haciendo, no habría cabos sueltos”.

 EL CASO DE ABDOULIE  

Por otra parte, también ha dado más información sobre Abdoulie, el joven de 19 años procedente de Gambia, abatido por la Policía este fin de semana en el Aeropuerto de Gran Canaria. Entró en uno de sus centros el 18 de agosto de 2024, donde permaneció dos meses y medio. Basándose en su buen comportamiento y perfil, fue contratado como traductor.

Delía García reconocía que era buen trabajador, pero hace algún tiempo notaron un cambio de actitud y hubo que darle un toque de atención, al considerar que por su comportamiento, quizás, necesitara ayuda. El joven se desvinculó de la entidad mediante un WhatsApp en un chat común en el que señalaba que no quería trabajar más con ellos. Cree que detrás de su actitud, se encontraba un brote psicótico, provocado por el consumo de sustancias. Policía Nacional está investigando los hechos alrededor de su fallecimiento.