Concentración ante la sede de Forestalia en Zaragoza: “Es alarmante todo lo que la UCO está investigando”

Este martes se ha celebrado una concentración ciudadana junto a las oficinas de Forestalia en Zaragoza, convocada por la Plataforma 13M “Aragón por la Racionalidad Energética” frente a la sede zaragozana de esta empresa situada en el Coso nº 33. La movilización se produce en un contexto marcado por las actuaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco del denominado “caso Leyre”.

El diputado de VOX Juan Vidal ha definido como “alarmante” todo lo que “la UCO está investigando en torno a esta empresa y sus vínculos con las instituciones públicas”. Ha apuntado a “múltiples sospechas de corrupción, como un presunto pago de 200.000 euros a la trama del caso Leire, para así poder optar a una financiación estatal de 17,3 millones de euros de financiación estatal”. 

Se ha referido también al “presunto acoso” por parte del “ex delegado del Gobierno en Aragón del PP, Gustavo Alcalde, contra un funcionario con el propósito de agilizar los trámites para tres parques eólicos de una filial de Forestalia en Zaragoza”; algo que, a criterio de Vidal, “debe esclarecerse”. Ha subrayado que “esta presunta corrupción salpica tanto al PP como al PSOE”.

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“PP y PSOE deben dar la cara, asumir sus responsabilidades, y dejar claro a todos los aragoneses qué tratos han tenido con Forestalia y a qué se debe este silencio del presidente Azcón, quien en la anterior campaña dijo que iba a ordenar las renovables, y ha incumplido flagrantemente el acuerdo de Gobierno firmado con VOX”.

Por su parte Izquierda Unida de Aragón ha pedido revisar todos los expedientes de Forestalia y suspender sus autorizaciones, incluida la reciente Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Búfalo, que le otorgó el Gobierno de Aragón.

iu y cha pide que se revisen todos los expedientes de forestalia

Según su portavoz Álvaro Sanz, las noticias sobre presunta corrupción en la concesión de autorizaciones y actos administrativos “en favor del entramado empresarial de Forestalia” incrementan las sospechas tanto sobre esta compañía como sobre el despliegue acelerado y desordenado de centrales eólicas y fotovoltaicas en los últimos años. Sanz ha apuntado que ese despliegue se llevó a cabo sin planificación, sin moratoria, sin planes de conservación de especies protegidas y con falta de transparencia en las tramitaciones, “desoyendo las alegaciones de la sociedad civil”.

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“Hubo un interés real en no regular y planificar, y hoy seguimos sin hacerlo”, ha aseverado el diputado, que ha instado a revisar el voto de cada grupo político en las conclusiones de la Comisión de Investigación de las Cortes de Aragón y a recuperar informes apartados de funcionarios, citando los del INAGA en el Maestrazgo y el cambio de criterio en el Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza.

García Usón ha señalado que hay proyectos para multiplicar por cuatro la potencia instalada, que ya ha crecido un 90% desde el abandono del carbón, y advierte de que solo los centros de datos que han solicitado acceso a la red multiplicarán por cinco el consumo eléctrico actual de Aragón.

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Según el responsable de Modelo Productivo y Ecologismo de IU Aragón, Jesús García Usón, la situación de las grandes renovables en Aragón está marcada por la vorágine expansiva que genera la demanda de la industria electrointensiva y “alimenta un mercado claramente especulativo”. 

Sostiene, además, que Forestalia se ha beneficiado de facilidades en la tramitación de sus expedientes energéticos por parte de administraciones autonómicas y estatales, dentro de un desarrollo legislativo que citan como favorecedor del sector. Entre esas normas, la ley de autoconsumo industrial, actualmente recurrida ante el Tribunal Constitucional y paralizada parcialmente.

García Usón ha enumerado proyectos vinculados a desarrollos energéticos que ahora son objeto de investigación y que, pese a contar con consideración ambiental favorable del Ministerio, cayeron por la negativa ambiental en otras comunidades autónomas y ahora se recuperan. Entre ellos, el Proyecto Búfalo (con centros de datos en Magallón, Botorrita y Alfamén), el Proyecto Toro (la megafactoría de baterías de CATL en Figueruelas) y el Centro de Datos de Repsol en Escatrón.

En este contexto, Izquierda Unida exige la revisión de todos los expedientes en tramitación y la suspensión de las autorizaciones otorgadas a Forestalia.

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Por su parte, la recién nombrada Coordinadora General de IU Aragón, Marta Abenchochea, ha recordado que el Gobierno de Azcón está obligado a dejar en suspenso la Declaración de Interés Autonómico (DIA) otorgada al Proyecto Búfalo, anunciado como uno de los mayores operadores energéticos y tecnológicos de Aragón. El plan combina tres centros de datos con producción y gestión energética, incorporando centrales energéticas que tramitaron sus declaraciones ambientales en el Ministerio de Transición Ecológica, pero que fueron rechazadas por su impacto ambiental en otras comunidades autónomas, unca la aragonesa, ha subrayado.

Además de denunciar la corrupción en la actividad institucional, Abengochea ha insistido en adoptar medidas contra los corruptores. Entre ellas, ha propuesto la inhabilitación para contratar con la Administración y la prohibición de acceso a concursos, subastas y permisos y licencias administrativas otorgados por las administraciones reguladoras. “No basta con señalar la corrupción: hay que poner fin a las ventajas que disfrutan quienes la promueven y se benefician de ella”, ha concluido.