La educación pública aragonesa va a la huelga: tres días de protestas por "el desvío de fondos a la concertada"

La educación pública aragonesa irá a la huelga durante los días 20, 21 y 22 de enero para denunciar lo que consideran un “desvío de fondos” de la enseñanza pública a la concertada. El sindicato CGT Enseñanza Aragón ha llamado a parar a todo el personal, docente y no docente, de los centros educativos públicos en una protesta que se dirige contra la “priorización” de la enseñanza privada y concertada, la falta de personal, la precariedad laboral y el deterioro de los centros que dependen del Gobierno de Aragón.

Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF no secundan esta huelga, lo que puede hacer que las jornadas de paro no tengan un seguimiento mayoritario. "Consideramos que este no es el mejor momento para realizar una huelga porque hay convocadas unas elecciones autonómicas lo que deja al gobierno aragonés sin margen de actuación en estas próximas semanas hasta que se conforme el nuevo ejecutivo", ha asegurado en COPE Mónica de Cristobal del sindicato CSIF.

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Uno de los principales ejes de la huelga convocado por CGT es el rechazo a la concertación del Bachillerato. El sindicato argumenta que esta medida es “injustificable” debido a que en la red pública aragonesa existen actualmente más de 2.300 plazas de Bachillerato sin ocupar. Según CGT, destinar recursos a financiar nuevas plazas concertadas en este contexto va en detrimento directo de la educación pública, que cuenta con capacidad suficiente para absorber la demanda.

CGT cifra en 20 millones de euros el presupuesto que el Gobierno de Aragón destina a estas políticas de concertación y defiende que ese dinero podría emplearse en reforzar la educación pública. Entre las alternativas, el sindicato propone la contratación de 147 técnicas de Educación Infantil, la creación de 4.000 becas de material escolar, 928 becas de comedor, el refuerzo de los bancos de libros con 864 lotes y la incorporación de 50 orientadoras y 40 auxiliares de Educación Especial. Además, reclaman inversiones en cocinas propias, mantenimiento de edificios y zonas de sombra en los patios de unos 600 centros educativos.

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La huelga también pone el foco en la pérdida progresiva de aulas públicas. De acuerdo con los datos de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado de Aragón (Fapar), en la última década se han cerrado más de 200 aulas públicas en la comunidad, de las cuales 53 corresponden a los dos últimos cursos. Esta situación evidencia, según los convocantes, un debilitamiento continuado del sistema público.

A estas cifras se suma una infradotación generalizada de personal que, según el sindicato, afecta gravemente al funcionamiento diario de los centros y de los servicios provinciales. CGT también denuncia problemas como retrasos en el pago de libramientos, una notable falta de mantenimiento de las instalaciones, la precarización de la FP pública y de la FP Dual y demoras de más de un año en negociaciones clave, como la del decreto de interinos.

Amplio calendario de movilizaciones

Las movilizaciones se extenderán por varias localidades aragonesas. En Zaragoza, se ha convocado una concentración frente al Edificio Pignatelli este martes día 20. El miércoles 21, la capital acogerá un café-debate, una bicifestación y una concentración ante la Consejería de Educación. Para el jueves 22, hay previstas dos manifestaciones en la plaza San Francisco y la plaza España.

En Huesca, las protestas incluyen concentraciones el martes en la plaza Cervantes y el miércoles en la plaza del Ayuntamiento. Teruel se sumará el martes con un acto en la plaza del Torico, y Sabiñánigo lo hará el mismo día en la plaza del Ayuntamiento. Las movilizaciones continuarán el miércoles en Calamocha y Jaca, y el jueves en Andorra y Alcañiz, con actos en sus plazas principales.

En respuesta a la convocatoria, el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón ha fijado los servicios mínimos que deberán mantenerse, publicados este lunes en el Boletín Oficial de Aragón. El ejecutivo argumenta que es necesario garantizar una “proporción razonable” entre el derecho a la huelga y la protección de los usuarios del sistema educativo, con el fin de evitar la paralización total de la actividad.

La orden establece la presencia de, al menos, una persona del equipo directivo y el 25% del personal docente en los centros de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, FP y enseñanzas de régimen especial. También se fija personal mínimo en servicios de cocina, mantenimiento y, de forma específica, en los centros de educación especial, donde se garantiza la presencia de personal sanitario y auxiliares. Los servicios mínimos se aplicarán de manera independiente en cada turno de actividad.