Jueces y fiscales en huelga: ¿Cómo afectará a la provincia de Huelva?

La huelga convocada por asociaciones de jueces y fiscales que arranca hoy y podría prolongarse hasta el jueves ha reabierto el debate sobre la independencia judicial en España. En el centro de la polémica se encuentran diversas reformas que el Gobierno Central pretende impulsar y que, según los convocantes, podrían suponer un grave retroceso en la separación de poderes. Para conocer mejor la situación, Cope Huelva ha conversado con Antonio Bernal, decano del Colegio de Abogados de Huelva, quien ha explicado tanto las causas como las posibles consecuencias del conflicto.

Bernal comienza recordando que “no todas las asociaciones judiciales secundan la huelga”, aunque sí existe una preocupación común sobre las medidas planteadas por el Ejecutivo. Entre los motivos principales del paro, destaca la intención de que la instrucción de los delitos pase de los jueces a los fiscales, algo que, según él, algunos consideran una posible forma de intervención del poder político en la administración de justicia.

Además, se suma una protesta por los cambios que afectarían al sistema de acceso a la carrera judicial. Actualmente, este sistema se basa principalmente en una oposición libre. Según Bernal, la propuesta del Gobierno incluiría nuevas fórmulas de acceso que, a juicio de los convocantes, “no ofrecen suficientes garantías para la adecuada prestación del servicio”. Ya existen vías alternativas —como el tercer y cuarto turno para abogados y juristas de prestigio—, pero lo que preocupa es que “se facilite enormemente el acceso a la judicatura y se incremente la intervención del poder ejecutivo en la selección de jueces”.

El Colegio de Abogados de Huelva ha emitido un comunicado en el que, si bien se respeta el derecho de huelga, se expresa preocupación por los efectos que esta tendrá en la ciudadanía. Bernal subraya que “si se suspende un juicio señalado hace más de un año, el perjuicio para las personas implicadas es evidente”. Por ello, solicita que se informe con antelación para evitar desplazamientos innecesarios tanto de los abogados como de los justiciables.

En cuanto al estado actual de la justicia en la provincia, el decano señala que “la situación de Huelva está dentro de la media andaluza”. No obstante, advierte que en algunos partidos judiciales, como los de Ayamonte o Valverde, el retraso es “considerable”, mientras que otros órganos funcionan de forma “razonablemente aceptable”.

Sobre los servicios mínimos establecidos para los días de huelga, Bernal aclara que estos varían según el tipo de juicio y el orden jurisdiccional, pero en general se limitan a actuaciones urgentes. Entre ellas, menciona las guardias, causas con preso, decisiones sobre medidas cautelares o situaciones familiares que no pueden aplazarse. “Los servicios mínimos representan una mínima parte del trabajo de la Administración de Justicia”, afirma, por lo que donde se ejerza el derecho de huelga, “la paralización va a ser prácticamente total”.

El decano concluye reafirmando el compromiso del Colegio con el respeto al derecho de huelga, pero también con la defensa de los derechos de los ciudadanos a una justicia ágil y eficaz. “Si pedimos que se respete nuestro derecho de huelga —como hacemos en el caso de los abogados de oficio—, también debemos respetar el de los jueces y fiscales. Pero eso no quita que nos preocupe su repercusión”.

La huelga apenas comienza, pero sus efectos —como advierten desde la abogacía— ya se sienten en los juzgados. El desenlace de esta protesta podría marcar un antes y un después en la estructura y funcionamiento del sistema judicial español.