Granada se dispara como la provincia andaluza con más ocupaciones ilegales

El PP ha alertado sobre la "insostenible situación de la ocupación en Granada", tras conocer que los casos han aumentado un 86,73% en los últimos siete años. Este incremento sitúa a la provincia a la cabeza de las cifras de Andalucía, donde la media regional apenas alcanza el 10%.

La portavoz del PP de Granada, Lourdes Ramírez, ha calificado los datos como "muy preocupantes". Según ha afirmado, estas cifras demuestran que la ocupación "campa a sus anchas" en la provincia porque, a su juicio, "el Gobierno de Sánchez ha abandonado a los propietarios y ha blindado a los okupas".

Propuestas del PP contra la ocupación

Desde la formación han concretado varias propuestas para combatir este fenómeno. Entre ellas, destaca la posibilidad de un desalojo en un plazo máximo de 24 horas desde la interposición de la denuncia, así como "reforzar el papel de las comunidades de propietarios para que puedan denunciar en nombre del afectado".

No podemos permitir que quien irrumpe ilegalmente en una vivienda tenga más protección que quien la ha adquirido con mucho esfuerzo"

Lourdes Ramírez

Portavoz del PP

El partido también propone endurecer las penas "para quienes reincidan en este tipo de delitos". En este sentido, Ramírez ha subrayado: "No podemos permitir que quien irrumpe ilegalmente en una vivienda tenga más protección que quien la ha adquirido con mucho esfuerzo".

Críticas a la inacción del Gobierno

La portavoz ha agregado que la ley "debe estar del lado de los ciudadanos, y no de quienes vulneran sus derechos con total impunidad". Además, ha recriminado que Granada pague "el precio de la inacción socialista" y ha señalado como "cómplice" al presidente Sánchez por esta "crisis sin precedentes".

La ley debe estar del lado de los ciudadanos, y no de quienes vulneran sus derechos con total impunidad"

Lourdes Ramírez

Portavoz del PP

Ramírez ha criticado al Ejecutivo por no impulsar "reformas legislativas que frenen la ocupación" y por "ignorar las demandas de los ayuntamientos y comunidades autónomas". Por ello, ha estimado que el Gobierno debe adoptar medidas para "proteger a los propietarios, restaurar la legalidad y evitar que la ocupación se convierta en la norma y no la excepción", ya que los granadinos "tienen derecho a disfrutar de su vivienda sin miedo ni amenazas".