Crece la presión para frenar la entrega del hijo de Juana Rivas a su padre

La cuenta atrás para la entrega del hijo menor de Juana Rivas ha encendido las alarmas entre colectivos feministas y ciudadanos de toda España. Una petición lanzada a través de la plataforma Change.org ha logrado reunir en apenas unos días decenas de miles de firmas, con el objetivo de alcanzar las 100.000 antes del próximo 22 de julio, fecha señalada por el juzgado para ejecutar el traslado del niño a Italia con su padre, Francesco Arcuri, quien tiene la custodia legal.

La iniciativa reclama que se escuche al menor y que no sea entregado a un padre al que se acusa de maltrato continuado, tanto físico como psicológico, durante al menos siete años. El caso, que vuelve a poner en el foco mediático a Juana Rivas, ha sido reactivado por una nueva resolución judicial del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada, que da cumplimiento a una sentencia dictada en Italia.

 Un proceso judicial pendiente en Italia  

Según el auto fechado el pasado 14 de julio, consultado por Europa Press, se ha acordado la comparecencia de las partes el próximo martes 22 de julio, entre las 10:00 y las 11:00 horas, para hacer efectiva la entrega del menor. La orden procede del Tribunal de Apelación de Cagliari, que ha solicitado la ejecución del traslado del niño, actualmente bajo la tutela de la madre en España, al país de residencia legal del padre.

Lo que ha desatado la indignación de los colectivos feministas es que el padre del menor será juzgado el 18 de septiembre en Italia por presuntos malos tratos continuados. Según la información difundida en la recogida de firmas, se le acusa de haber sometido al niño a “violencia física y psicológica durante siete años”, incluyendo supuestas amenazas de muerte.

El texto de la campaña, apoyado por las plataformas 25N y 8M de Granada, advierte de que la entrega del menor podría derivar en consecuencias irreparables. En palabras de los impulsores: “Queremos evitar que se repita la historia de su hermano, que ya es mayor de edad y a quien nadie escuchó”.

La petición va dirigida a los ministros de Justicia y de Juventud e Infancia, Félix Bolaños y Sira Rego, así como al Defensor del Pueblo y a la Comisión Europea. Reclaman que se aplique el Reglamento Europeo de Cooperación Judicial, que permite a los Estados miembros no ejecutar resoluciones extranjeras si vulneran el interés superior del menor.

 Medidas judiciales para “facilitar el tránsito” del niño  

El juzgado español reconoce la dificultad emocional y jurídica del caso. En el auto se subraya que, “apreciada la controversia en la que se encuentra inmerso y el tiempo de permanencia en España”, se han acordado medidas para “facilitar el tránsito tranquilo del menor y su traslado a Italia, realizándolo de la forma más adecuada a su edad e interés”.

Sin embargo, los colectivos implicados subrayan que este tipo de medidas no garantizan la protección efectiva del menor, y reclaman protocolos de protección específicos antes de tomar cualquier decisión definitiva. “Escuchar al niño es imprescindible antes de enviarlo a vivir con su presunto maltratador”, señalan.

Juana Rivas ya fue condenada en abril de 2021 por un delito de sustracción de menores, después de haber permanecido en paradero desconocido durante un mes en el verano de 2017 con sus dos hijos, desobedeciendo las órdenes judiciales que le obligaban a entregarlos a su padre. El Tribunal Supremo ratificó la condena, aunque redujo la pena de cinco a dos años y medio de prisión, al entender que el delito fue único pese a afectar a dos menores.

Desde entonces, Rivas ha sido un símbolo para muchos colectivos feministas, que la consideran una madre que actuó movida por el temor a que sus hijos sufrieran malos tratos. Su caso ha generado un intenso debate social y jurídico sobre la protección de los menores en casos de violencia de género internacional.

Con la fecha del 22 de julio marcada en el calendario judicial, la presión social crece a medida que se acerca el momento de la entrega. La pregunta que muchos se hacen es si el Gobierno español dará un paso adelante para frenar la ejecución de la sentencia italiana o si, por el contrario, se limitará a cumplirla pese a las graves acusaciones pendientes sobre el padre.

Mientras tanto, la campaña en Change.org sigue sumando apoyos. Para muchos, aún hay tiempo de actuar y evitar una tragedia anunciada.