Autorizada la venta a la Diputación de la antigua sede del Banco de España

El Consejo de Gobierno de Andalucía ha autorizado la enajenación directa del edificio de la antigua sede del Banco de España de la capital granadina, sede actual de la Fiscalía Superior de la comunidad autónoma y de la Provincial de Granada, que pasará a ser propiedad de la Diputación.

De igual modo, se ha aprobado también una reserva temporal y parcial de uso por un plazo de doce meses (prorrogable a otros seis meses más) por parte de la Fiscalía para que se pueda "organizar y llevar a cabo el traslado de las dependencias judiciales", según ha informado la Junta en nota de prensa tras el Consejo de Gobierno celebrado este miércoles en Sevilla.

El edificio, tasado oficialmente en 9.278.024,82 euros por la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, será transmitido a la Diputación mientras que la Junta mantiene la ocupación de parte de sus instalaciones debido a la actividad de la Fiscalía Superior, que se trasladará al edificio de la Real Chancillería junto al Tribunal Superior de Justicia Andalucía (TSJA), y de la Provincial de Granada, que se ubicará en El Cubo, en la futura Ciudad de la Justicia.

La venta del inmueble permitirá a la Diputación de Granada "incorporar un edificio emblemático y de gran valor arquitectónico", mientras que la Junta de Andalucía enmarca esta operación dentro del Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030 que desarrolla la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública.

Con ella consigue un ingreso extra de nueve millones de euros que se destinarán a las nuevas sedes judiciales previstas en Granada dentro de este plan, según han especificado desde la Junta este miércoles. En este sentido, la venta de inmuebles es una de las vías alternativas de financiación previstas en el documento, que tiene como objetivo "actuar en el cien por cien de los partidos judiciales andaluces y movilizar más de 1.500 millones de euros".SEDE PROVISIONAL DE LA FISCALÍA

La reserva temporal se justifica por el interés público superior de no retrasar la obtención de los fondos destinados a financiar el Plan de Infraestructuras Judiciales de Andalucía en la provincia de Granada. Aunque el objetivo es la desocupación total, la Junta de Andalucía reconoce la necesidad de "mantener provisionalmente la sede judicial en el edificio hasta completar los traslados programados".

Asimismo, la Junta de Andalucía conservará el uso exclusivo del acceso principal por la fachada de Gran Vía, imprescindible para el funcionamiento ordinario de los servicios alojados, ha detallado tras el Consejo de Gobierno.

La ocupación temporal se establece por un plazo inicial de doce meses desde la formalización de la enajenación, prorrogables por seis meses adicionales. Durante este periodo --un total máximo de 18 meses-- la reserva será gratuita, sin coste alguno para la Junta de Andalucía.

En caso de superar ese plazo, el acuerdo prevé una compensación económica a favor de la Diputación de Granada de 7,07 euro/metro cuadrado por cada mes de prolongación, cantidad que se abonará anualmente o, en su defecto, durante el mes siguiente al desalojo completo de los espacios ocupados.

La venta de este inmueble fue acordada por la Consejería de Justicia y la Diputación de Granada en junio de 2025. El objetivo del Plan de Infraestructuras Judiciales en Granada capital es reorganizar con sentido común todos los espacios. En este proceso, la solución lógica era que el edificio de la Real Chancillería, sede actual del TSJA, albergara las dos principales instituciones judiciales, sumando así la Fiscalía Superior. Este inmueble se convertirá en un símbolo de la Justicia andaluza, remarcando así la capitalidad judicial de Granada.FUTURA CIUDAD DE LA JUSTICIA

Por otro lado, la Junta de Andalucía proyecta construir una Ciudad de la Justicia, al igual que en el resto de las capitales andaluzas, donde Granada pueda aglutinar todos sus órganos judiciales provinciales. Para ello, ya se llevó a cabo la adquisición del edificio de El Cubo que, tras su adaptación, permitirá poner en marcha la primera fase de la Ciudad de la Justicia.

La segunda fase se completará con un inmueble de nueva construcción que albergará toda la jurisdicción Penal y se acabará con la dispersión actual de sedes.