Dependencia en Andalucía: un sistema sobrecargado y sin respuesta a tiempo

Andalucía es la comunidad con más personas pendientes de recibir ayudas por dependencia. Actualmente, la espera media supera los 580 días, por encima del plazo legal de seis meses. En marzo, más de 44.000 personas seguían a la espera de la resolución de su Programa Individual de Atención (PIA), en un sistema que afronta una elevada demanda y busca formas de mejorar su respuesta.

Detrás de cada número hay una historia. Como la de Rosa, cuya familia lleva más de un año inmersa en este laberinto burocrático. Su padre, de 92 años, enviudó hace dos años. Desde entonces, Rosa y su hermano, ambos con sus propias familias y trabajos, decidieron solicitar ayuda para poder atenderle adecuadamente. “No podíamos esperar más”, cuenta. La solicitud se tramitó en noviembre de 2023 a través de su centro de salud. Pocas semanas después, una enfermera le realizó una primera valoración. Pero no fue hasta un año más tarde, en noviembre de 2024, cuando una evaluadora de la Junta acudió al domicilio para realizar el informe definitivo.

En febrero de 2025 llegó la resolución: 20 horas de ayuda a la semana. Sin embargo, a día de hoy nadie del Ayuntamiento se ha puesto en contacto con la familia, como indicaba la carta. La explicación, según la delegada de Asuntos Sociales y Mayores del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador, es que la Junta envió la resolución a la familia antes de comunicarlo al Consistorio, que aún no ha recibido el expediente a través del sistema digital de notificaciones. “Cuando nos llegue oficialmente, tenemos un mes para ponernos en contacto con la familia”, aclara.

Mientras tanto, Rosa y su hermano han tenido que contratar a una cuidadora privada, lo que supone un gran esfuerzo económico. “No podemos cubrir todas las horas que mi padre necesita, pero al menos no está solo”, lamenta.

En marzo de 2024, la Junta modificó el modelo de evaluación reduciendo a una única visita el proceso de valoración. Sin embargo, desde dentro del sistema se advierte que los problemas no se han resuelto. Luis Fernández, miembro de la Plataforma Andaluza del Personal de Atención a la Dependencia, detalla las múltiples complicaciones que se enfrentan los profesionales: “Antes de la visita es clave estudiar el expediente, contactar con cuidadores o familiares, analizar informes médicos… y todo eso requiere tiempo y recursos que no siempre tenemos”.

A las dificultades previas, se suman las del propio desplazamiento, sobre todo en zonas rurales, y la complejidad de las entrevistas domiciliarias, donde es necesario observar, evaluar y redactar informes técnicos que requieren un espacio adecuado y tiempo suficiente. “No somos meros encuestadores”, subraya Fernández. “Tratamos con personas en situaciones límite, y necesitan nuestra escucha, respeto y orientación”.

La falta de recursos también afecta a los propios profesionales. Denuncian que la formación para adaptarse al nuevo modelo fue de solo una mañana, y que siguen sin un manual claro de actuación, a pesar de que se les prometió. A eso se suman los problemas técnicos: "la aplicación con la que contamos falla de manera continua y cuando esto ocurre tenemos que empezar de cero, porque la información que en ese momento estamos volcando se pierde".

Fernández insiste en que cada llamada previa a una cita puede ofrecer información clave sobre la persona a valorar, su entorno, posibles riesgos o necesidades especiales. También se quejan de que, al perder el control sobre la gestión de sus citas, porque ahora es un call center quien cierra día y hora de la visita, "y no sabemos a lo que nos podemos enfrentar. En muchos casos, las personas solicitantes pueden estar inmersas en una grave depresión e incliso tener problemas mentales, que en ocasiones acaban en agresión hacia nuestra persona el día d ela visita". 

El colectivo profesional recomienda un máximo de doce visitas a la semana para poder ofrecer una atención digna y rigurosa, es decir, cuatro al día dejando dos días para las tramitaciones. Sin embargo, aseguran que siguen recibiendo presión para aumentar la productividad, sin medios ni planificación suficientes. Desde esta plataforma nos han explicado que a una compañera de la oficina le han abierto un expediente informativo porque un día dejó un folio en su puesto de trabajo que decía: "Contra el desmantelamiento de la dependencia".

La consecuencia de todo este embudo administrativo y organizativo es una espera desesperante para miles de personas dependientes y sus familias. Personas que, como el padre de Rosa, necesitan ayuda urgente y no pueden permitirse perder más tiempo en un sistema que va muy por detrás de sus necesidades.

El impacto no es solo asistencial, sino también emocional. Mientras tanto, las cifras siguen creciendo: más de 44.000 andaluces esperan y más de año y medio pasa de media antes de recibir una respuesta. La ley dice que deben esperar seis meses. La realidad es otra.