Alcer denuncia el fin del convenio histórico de transporte en taxi para pacientes renales

La Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (Alcer) ha mostrado su rechazo frontal a la decisión de la Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de no prorrogar el convenio histórico que permitía la gestión del transporte en taxi de pacientes en tratamiento de hemodiálisis desde el Hospital Reina Sofía hasta los centros dializadores. Un acuerdo que, según la asociación, ha sido “un pilar fundamental” para garantizar el bienestar y la adherencia al tratamiento de cientos de enfermos renales en la provincia. 

El SAS, por su parte, ha defendido que el modelo vigente desde hace más de tres décadas ha sido objeto de revisión y que, tras un informe jurídico, “no es viable renovar ni suscribir un nuevo convenio con estas características, por no ajustarse al marco legal vigente”. En este sentido, explican que la normativa estatal y autonómica que regula el transporte sanitario exige que este se preste mediante ambulancias asistenciales o no asistenciales, vehículos autorizados y especialmente preparados que cumplen criterios de seguridad clínica, trazabilidad, supervisión profesional y cobertura ante imprevistos.

Desde la Consejería de Salud insisten en que el uso de taxis no puede considerarse transporte sanitario ordinario y solo se contempla “como medida excepcional y transitoria, cuando esté debidamente justificado por circunstancias clínicas y no existan medios adecuados disponibles”. Por ello, el convenio suscrito en 2021 con ALCER Córdoba, que contemplaba una vigencia de un año prorrogable hasta un máximo de cinco, quedará extinguido definitivamente el 31 de agosto de 2026.

Rechazo frontal de pacientes y taxistas  

La decisión ha generado una profunda inquietud no solo en Alcer, sino también en la Asociación Provincial de Autónomos del Taxi de Córdoba (Autacor) y la Asociación del Taxi Rural de los Pueblos de Córdoba, que consideran la medida un retroceso en la atención a pacientes crónicos. Desde Alcer aseguran que el transporte en taxi “ha funcionado de manera ejemplar durante más de 30 años, ofreciendo rapidez, puntualidad y tranquilidad a los pacientes”. 

La asociación recalca que se trata de un colectivo especialmente vulnerable, que acude tres veces por semana a sesiones de varias horas y que, tras finalizar el tratamiento, suele salir fatigado, hipotenso y con molestias. “Un trayecto corto, directo y sin esperas es fundamental para reducir su estrés físico y emocional”, señalan. En cambio, temen que con el nuevo modelo de ambulancias colectivas, los traslados se alarguen considerablemente por las múltiples paradas necesarias para recoger hasta ocho pacientes en un mismo trayecto.

Además, defienden que el taxi ofrece un entorno individualizado, crucial para personas inmunodeprimidas, al reducir el riesgo de contagios frente a los vehículos compartidos. “No se trata de una elección casual, sino de una necesidad médica y logística que convierte al taxi en el medio más idóneo”, remarcan desde la asociación, que también recuerda que este sistema resulta más ágil para adaptarse a cambios de última hora en la programación de las sesiones. 

Alcer también sostiene que el transporte en taxi resulta más económico para las arcas públicas que movilizar ambulancias no medicalizadas. A su juicio, sustituir el actual sistema supondrá un coste mayor sin ofrecer una alternativa de calidad superior, además de restar recursos al transporte sanitario de emergencias, que quedará comprometido. “Es incomprensible que, sabiendo que dar el servicio a través de ambulancias no medicalizadas supondrá un mayor coste y un perjuicio más oneroso para el paciente, se haya optado por desmantelar un convenio que funciona perfectamente”, denuncian.

La asociación añade que este modelo ha demostrado eficacia, humanidad y eficiencia durante más de tres décadas, contribuyendo a mejorar la adherencia al tratamiento y reduciendo el absentismo entre los pacientes. Por ello, exigen a la Consejería de Salud y al SAS que reconsideren la decisión, “poniendo al paciente en el centro de todas las decisiones y priorizando su bienestar por encima de criterios meramente administrativos”. 

 El argumento del SAS: legalidad y equidad  

Desde el SAS insisten en que la medida busca “garantizar un modelo plenamente ajustado a derecho, equitativo y seguro”. Argumentan que en el resto de provincias andaluzas este servicio nunca se ha prestado en taxi, y que mantener una excepción en Córdoba supondría una desigualdad territorial difícil de justificar.

“Entendemos la preocupación de los pacientes, pero debemos transitar hacia un sistema homogéneo y regulado que cumpla con la normativa vigente. El taxi no puede sustituir a un vehículo sanitario, salvo en casos muy excepcionales”, sostienen desde la Gerencia.

El organismo sanitario recuerda que el convenio con Alcer se diseñó como un acuerdo temporal, que ya ha agotado prácticamente el límite de su vigencia. A partir de 2026, insisten, el transporte de pacientes renales deberá realizarse exclusivamente mediante ambulancias asistenciales o no asistenciales, garantizando así la seguridad clínica, la trazabilidad del servicio y la cobertura ante cualquier imprevisto. 

Un debate abierto  

La polémica ha dejado abierto un debate entre legalidad y practicidad, entre equidad territorial y atención personalizada. Mientras el SAS defiende la necesidad de unificar criterios y ceñirse al marco normativo, Alcer y las asociaciones del taxi subrayan que el modelo cordobés ha sido un ejemplo de eficacia y humanidad, adaptado a las necesidades reales de los pacientes.

A falta de dos años para el final del convenio, la tensión entre ambas posturas se mantiene. Los pacientes, que se sienten los principales perjudicados, piden que la administración escuche su voz y busque una solución intermedia que no suponga un retroceso en su calidad de vida.