Los parlamentarios andaluces del Partido Popular de Almería, Ramón Herrera y Pablo Venzal, junto al portavoz de Educación del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Miguel Ángel Ruiz, han mantenido una reunión con más de una veintena de directores de centros de educación concertada y representantes de familias de niños que estudian en estos centros para trasladarles su apoyo y anunciarles que el PP llevará al próximo pleno del Parlamento andaluz una Proposición no de Ley en la que se exige la retirada de la LOMLOE impuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Según Herrera, "estamos ante una ley injusta, planteada sin consenso con la comunidad educativa, que elimina el derecho de las familias más vulnerables a elegir la educación que quieren para sus hijos y los centros de educación especial".

A su juicio, el estado "debe garantizar con fondos públicos los distintos modelos educativos para que las familias con menos recursos puedan elegir, pero con la reforma de Pedro Sánchez solo lo podrán hacer aquellos que puedan pagarlo, algo que en el Partido Popular consideramos tremendamente injusto”, ha explicado.

COLEGIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL

Además de acabar con los centros concertados, Ramón Herrera lamenta que la Ley Celaá "pretenda cargarse también los colegios de educación especial abriendo la puerta a derivar sistemáticamente a su alumnado a los centros ordinarios", cuando estamos en un caso en el que también prevalece el derecho de las familias a elegir el centro que quieren para sus hijos.

“Lo que queremos es que se garantice expresamente el derecho de las familias con hijos con necesidades especiales a decidir si quieren escolarizarlos en aulas ordinarias, en aulas específicas en un centro ordinario, o en centros específicos de educación especial”, manifiesta.

UNA LEY QUE ATENTA CONTRA LA CONSTITUCIÓN

Por otra parte, Ramón Herrera critica que la Ley Celaá suponga el fin del español como lengua vehicular de la enseñanza en algunas comunidades autónomas lo que “supone un atentado contra el artículo 3.1 de nuestra Constitución, que establece que el castellano es la lengua oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”.

El parlamentario popular concluye señalando que "se trata de una reforma educativa que se ha planteado sin consenso y que provoca división social" por lo que pide que "se abra un diálogo con la comunidad educativa, con los agentes sociales y con las distintas fuerzas políticas para conseguir un gran Pacto de Estado por la Educación".