Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Encantado y entusiasmado de saludarles una mañana más a las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias, en este jueves 14 de febrero del 2019. Se lo vengo contando desde las 6, pues como pasó ayer y antes de ayer había dos escenarios fundamentales: uno político, otro judicial; uno en el Tribunal Supremo, otro en el Congreso en el que fijarse. Ahora nos vamos al Congreso, que es el que tiene, si quieren ustedes, más novedad por la mayor trascendencia de lo que ocurrió ayer.

Pero no tiene menor trascendencia tampoco lo que ayer ocurrió en la sala del Supremo, donde, como saben ustedes, están juzgando a los encausados en este proceso soberanista que pretendía, desde los aledaños de la ilegalidad, secesionar, romper, partir, separar Cataluña del resto de España.

Ayer fue el día de la Fiscalía. Y ayer la Fiscalía hizo su trabajo. No puede decirse lo mismo de la Abogacía del Estado. Ayer hizo un pequeño papel. Pero la Fiscalía del Estado estuvo donde tenía que estar, que es defendiendo al Estado. Javier Zaragoza, Fidel Cadena. Oyendo a estos fiscales, desde luego, la panda de abogados de antes de ayer van a tener muy difícil sentar al Estado en el banquillo de los acusados porque los que están en el banquillo de los acusados son los que, precisamente, atentaron contra ese Estado.

Ayer blandieron algunos argumentos incontestables: el derecho a decidir corresponde a todo el pueblo español. No pueden unos pocos decidir sobre lo que es de todos. No hay legalidad democrática fuera de la legalidad constitucional. Este es importante. No hay una soberanía catalana. Hay una soberanía del pueblo español y el derecho a decidir corresponde a todo el pueblo español. Este juicio es en defensa de un sistema político democrático. La actividad política no es una patente de corso que justifique la comisión de acciones delictivas. El objeto de este proceso no es el independentismo. No, no sé juzga dirigentes que reclamaban libertades, sino a dirigentes que las querían arrebatar. Lo que se enjuicia es un plan concertado, minucioso, pluriconvergente para llevar a cabo un alzamiento violento y público para desafiar el orden constitucional. Este es el juicio del triunfo de la democracia y nadie es perseguido por sus ideas, sino por sus acciones. Estas y otras son algunas de las aclaraciones elementales, que es de primero de Justicia, que ayer realizaron los dos fiscales en su sitio y que pusieron también a los defensas en su sitio.