El país más seguro de Europa ha tomado una decisión drástica para acabar con el turismo masivo: España lo hace en dos ciudades

Islandia, reconocida como el país más seguro de Europa según el Índice de Paz Global 2024, ha decidido enfrentar un problema que amenaza su equilibrio social y ambiental: el turismo masivo. Con una población de apenas 380.000 habitantes y una afluencia de visitantes que superará los 2,4 millones en 2025, el gobierno islandés ha implementado medidas fiscales sin precedentes para regular el flujo turístico.

Mientras tanto, España, otro destino golpeado por la saturación de viajeros, ha comenzado a aplicar estrategias similares en ciudades como Barcelona en algunas zonas de las Islas Baleares, aunque con enfoques menos radicales.

 Islandia: la medida contra el turismo  

El primer ministro islandés, Bjarni Benediktsson, confirmó en una entrevista con CNBC que el país está rediseñando su sistema fiscal turístico bajo el lema "que pague el usuario". La medida estrella es la reintroducción de un impuesto hotelero (4 euros por noche) suspendido durante la pandemia, pero ahora ampliado a cruceros (6,63 euros) y campings. Sin embargo, el plan va más allá: Islandia prueba un modelo de "tasas dinámicas" que variarán según la temporada y la presión sobre destinos icónicos como el área geotérmica de Geysir, actualmente bajo observación por saturación.

"Si vemos que la naturaleza o la sociedad local sufren, actuamos", explicó Benediktsson. El gobierno utiliza un "semáforo ambiental" que clasifica zonas en verde, amarillo o rojo según indicadores como daños ecológicos o malestar social. Cuando un sitio alcanza el rojo, se aplican restricciones inmediatas, como limitar accesos o aumentar impuestos. "El objetivo no es ahuyentar turistas, sino distribuir su impacto", aclaró el mandatario.

El contexto es urgente: el turismo representa el 8,5% del PIB islandés, pero su crecimiento exponencial, de 1,77 millones de visitantes en 2010 a 2,5 millones previstos en 2026, ha generado erosión en parajes naturales, congestión en pequeñas comunidades y tensiones con residentes. Además, fenómenos como las erupciones volcánicas en la península de Reykjanes (que obligaron a evacuar la Laguna Azul en 2024) han evidenciado la fragilidad del territorio.

 España: el caso de Barcelona y Venecia  

Mientras Islandia innova con impuestos adaptativos, España ha optado por medidas más convencionales en dos de sus destinos más afectados por el sobreturismo. En Barcelona, desde 2024, los visitantes pagan una tasa de hasta 5 euros por noche en alojamientos turísticos, fondos que se destinan a infraestructuras y limpieza. Además, el ayuntamiento ha prohibido la apertura de nuevos hoteles en el centro histórico y multa con hasta 600.000 euros a viviendas ilegales dedicadas al alquiler vacacional.

Fuera de España, en Venecia, han dado un paso más radical: desde abril de 2025, los turistas diurnos deben pagar 5 euros para entrar al casco antiguo en temporada alta. El sistema, inspirado en el modelo islandés, busca reducir las aglomeraciones que han degradado canales y edificios históricos. "No podemos permitir que Venecia se convierta en un parque temático", declaró el alcalde Luigi Brugnaro. Aunque la medida ha sido polémica, datos preliminares muestran una reducción del 18% en visitas frente a 2024.

 ¿Turismo sostenible o elitismo?  

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Las políticas de Islandia y España han reabierto el debate sobre cómo equilibrar economía y sostenibilidad. Mientras organizaciones como la OMT (Organización Mundial del Turismo) aplauden estas iniciativas, críticos argumentan que penalizan a viajeros con menos recursos. "Subir impuestos no resuelve el problema de fondo: la falta de planificación territorial", advierte Joan Barceló, experto de la OBS Business School.

En Islandia, sin embargo, Benediktsson insiste en que su modelo es inclusivo: "No se trata de cobrar más, sino de usar precios para redistribuir visitantes". Como ejemplo, cita el éxito de la "Vía Volcánica", una ruta de 1.200 km que descentraliza el turismo hacia el sur del país, aliviando presión en Reikiavik.

Y es que Islandia ha marcado un precedente al combinar tecnología fiscal con protección ambiental. Su enfoque podría extenderse a otros destinos europeos: de hecho, Ámsterdam y Canarias ya estudian implementar tasas similares en 2026. Mientras, España avanza con cautela, consciente de que el turismo genera el 15,2% de su PIB y 3 millones de empleos.