Proliferan las demandas para instar a cumplir con los compromisos ambientales

Lourdes Uquillas

La violación de los derechos humanos es la base de las demandas climáticas que han proliferado desde inicios de este año y a las que se ha sumado este miércoles la presentada por ong y ecologistas españoles contra el Gobierno de Pedro Sánchez por "inacción climática", según la abogada Lorena Ruiz-Huerta.

La demanda la presentaron Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón tras exponer el pasado 15 de septiembre un "recurso o escrito de interposición por inacción climática" para iniciar un litigio ante el Tribunal Supremo, competente para enjuiciar al Gobierno, ha explicado en una entrevista con EFE Ruiz-Huerta, abogada de las organizaciones demandantes.

El documento presentado ante el Supremo está "basado en los derechos fundamentales", según la abogada, porque se estarían "vulnerando derechos como la vida, la salud o el derecho a la propiedad privada", y recoge además "una batería de argumentos jurídicos y científicos" para iniciar el litigio" contra el Gobierno.

La acción contra el Gobierno español forma parte de una "corriente de litigios" que se han iniciado en todo el mundo y que han proliferado de una "manera tremenda" desde hace cinco años, pero desde inicios del 2020 ha cogido una "velocidad de vértigo" a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo de Holanda en el caso de la Fundación Urgenda.

Esta sentencia, según Ruiz-Huerta, ha marcado un "hito histórico", tras un juicio de más de una década en el que la Fundación holandesa demandó al Gobierno por inacción climática, porque sus acciones "son totalmente insuficientes".

La sentencia condena al Gobierno holandés a "elevar su ambición climática y reducir sus emisiones", pero lo hace en el mismo año en el que debía cumplir con esos objetivos, es decir el 2020, y es "la primera vez que ese alto Tribunal se basa en la violación de los derechos humanos para condenar al Ejecutivo" a superar los límites de sus aspiraciones climáticas.

Las organizaciones españolas creen "totalmente insuficiente" los niveles de reducción de emisiones fijadas en un 23 % para 2030 por el Gobierno, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, y le instan a igualar los estándares del 55 % aprobado hace pocos días por la Unión Europea (UE).

El objetivo de 23 % no protege del cambio climático, no salvaguarda el medio ambiente y pone en riesgo los derechos humanos de toda la población española, "tanto de la que está viva en este momento como de las generaciones futuras", sostiene la Ruiz-Huerta.

Para el responsable de clima y energía de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, "se da forma finalmente" a la demanda frente a la inacción climática.

Según Andaluz, no enfrentar de forma efectiva y suficiente la emergencia climática "incrementará y agravará" las consecuencias de la crisis climática en España, lo que supondrá un "empeoramiento" en las condiciones de vida y en el "deterioro o desaparición" de importantes ecosistemas.

El 30 de noviembre pasado, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) inició una acción judicial contra 33 estados, todos los de la UE más Reino Unido, Noruega, Turquía y Rusia, por incumplimiento de los tratados internacionales contra la emergencia climática.

La demanda la interpusieron seis jóvenes portugueses de entre 12 y 21 años y en ella denuncian cómo las emisiones y la contaminación de estos países contribuyen al calentamiento del planeta y a los cada vez más intensos fenómenos meteorológicos, que perjudican su salud.

También en Holanda, la ong Amigos de la Tierra (Milieudefensie), junto a otras seis organizaciones y 17.378 ciudadanos neerlandeses han demandado a la petrolera Shell para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) responsables del calentamiento global.

La demanda contra Shell ha abierto dos cuestiones: la obligación de las petroleras de cumplir con los tratados climáticos y el respeto a los derechos ciudadanos, que tiene como precedente a la sentencia de la Fundación Urgenda.

Asimismo, hace pocos días se conocía la presentada por ancianos de la comunidad waorani en la Amazonía ecuatoriana contra una petrolera china en la reserva natural de Yasuní.