Laura Ramírez

Han pasado 50 años desde se diera el paso decisivo para asegurar Doñana con su declaración como Parque Nacional; han sido cinco décadas en las que este espacio ha afrontado ampliaciones, catástrofes, amenazas, problemas y retos ante la opinión unánime de que es una joya natural que hay que seguir preservando y legar.

Fue allá por los años 40 cuando la singular belleza de Doñana llamó la atención de científicos y amantes de la naturaleza que dieron los primeros pasos para asegurar su futuro oponiéndose a proyectos de desecación y plantación de eucaliptos, una labor que tuvo un punto de inflexión en los 60, cuando tras la creación de WWF, esta organización compró 9.900 hectáreas de dunas, marismas y pinares de la zona.

Ello propició que en 1969 fuera declarado Parque Nacional con una superficie inicial delimitada de 35.000 hectáreas que, a día de hoy, asciende a 54.251. Y que lograra un reconocimiento internacional que le han valido títulos como el de Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco (1994), Reserva de la Biosfera (1980) y Sitio Ramsar (1982).

Asimismo, desde hace un par de años está incluido en la Lista Verde de Áreas Protegidas y Conservadas de la UICN, un estándar que busca ser sinónimo de éxito en la gestión de estos espacios.

En esa labor de protección ha jugado un papel fundamental el parque natural de Doñana, también conocido como preparque, con el que conforma la figura de gestión Espacio Natural de Doñana que cuenta con una extensión total de 128.385,82 hectáreas -después de la última ampliación en 14.400 hectáreas llevada a cabo en 2016-, la mayoría de marismas, convirtiéndola en el mayor refugio para las aves migratorias de toda Europa y una de las mayores reservas ecológicas del continente por la riqueza y variedad de especies de flora y fauna que alberga.

El reto en lo que a protección se refiere mira, actualmente, mar adentro y consistiría en aumentar el límite más allá de la milla actual que se extiende a lo largo todo el perímetro de costa del espacio protegido.

Lograr la preservación de este espacio a lo largo de estas cinco décadas no ha estado, ni aún lo ésta, exento de dificultades y problemas, ya que han sido varias las catástrofes y numerosas las amenazas que ha tenido que afrontar durante este tiempo.

La mayor de esas catástrofes se registró en 1998, el conocido como desastre de Aznalcóllar, producido por un vertido de lodos tóxicos que afectó tanto al parque nacional como natural causado por la rotura de la Balsa Minera de Aznalcóllar, propiedad de la empresa sueca Boliden.

Otra ocurrió hace apenas dos años, el incendio forestal originado en una carbonería de Moguer (Huelva) que arrasó más de 8.500 hectáreas y que si bien no afectó directamente a la superficie de parque nacional, sí arrasó con más de 6.761 hectáreas del preparque.

A estas hay que sumar las continuas amenazas que en este medio siglo han sido de diversa índole, algunas ya descartadas como la construcción de más de 30.000 viviendas en la duna de El Asperillo a finales de los 80, la de un oleoducto para la refinería Balboa o el dragado de profundización del Guadalquivir, al que el Supremo ha dado carpetazo definitivamente hace unas semanas.

Otras aún siguen ahí como la carretera Huelva-Cádiz que algunos continúan empeñándose en hacer una realidad, o el proyecto de almacenamiento de gas en el subsuelo de Doñana, que ha suscitado el rechazo tanto social como de distintas administraciones, entre ellas la europea, recomendando una evaluación conjunta de sus impactos.

A esto hay que sumar problemas de suma importancia, siendo a día de hoy, el principal, el del agua: el estado crítico de las masas subterráneas que nutren el espacio natural como consecuencia, fundamentalmente, de su extracción ilegal para uso agrícola.

Después de décadas de inacción, denunciada constantemente por grupos ecologistas, hace un par de años que las administraciones han reaccionado aprobando y ejecutando el Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte Forestal y, en las últimas semanas, procediendo al cierre de pozos ilegales, labor que se ha incrementado en las últimas semanas.

Pese a ello, Doñana "goza de buena salud" como en múltiples ocasiones ha destacado el presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, y, lo más importante, aglutinando voluntades en torno a la necesidad de preservarla y dejarla cada vez en mejores condiciones para las generaciones futuras.