CROEM culpa a Ribera de la decisión de no trasvasar al campo levantino

La Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) ha expresado este miércoles su "rechazo más rotundo" a la decisión tomada en el día de ayer por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de autorizar un trasvase de agua del Tajo-Segura solo destinado a consumo humano.

La ministra, según CROEM, "ha desoído vez más la propuesta de la Comisión Técnica de Explotación del Trasvase, que consideraba viable el envío de casi 20 hectómetros cúbicos para este mes, y lo que es más grave, ha ligado su decisión, de manera irresponsable, a la influencia del regadío del Campo de Cartagena en la situación que padece hoy el Mar Menor.

La ministra "desatiende los criterios técnicos y actúa siguiendo directrices puramente políticas que ignoran la situación real de la Cuenca del Segura, que sin esas aportaciones externas no puede satisfacer las demandas de agua del regadío de las provincias de Alicante, Murcia y Almería".

El deterioro del Mar Menor es, a su juicio, "un tema que nos preocupa a todos y esta confederación ha exigido un trabajo conjunto, tanto en lo público como en lo privado, para paliar una situación que degrada el entorno natural de esta región y afecta a la actividad socioeconómica de la zona".

"Pero utilizar el Mar Menor como argumento para justificar la negación del trasvase para regadío es premeditadamente malintencionado y demuestra además un profundo desconocimiento de la ministra, ya que liga la situación del Mar Menor con zonas cultivadas muy alejadas de esa zona y, por tanto, nada les afecta", añade.

La confederación empresarial ha anunciado además su apoyo a las decisiones adoptadas por el Sindicato de Regantes y que se sumará a cuantas iniciativas y movilizaciones lleve a cabo el sector agroalimentario para reivindicar una infraestructura que considera "vital para la supervivencia del regadío del sureste, en particular de la Región de Murcia".

La continuidad del trasvase no es, para CROEM, "una cuestión que afecte exclusivamente a agricultores y regantes, sino que es trasversal a la economía murciana; nuestro tejido productivo en su totalidad se ve afectado de manera importante por una decisión tan irresponsable que, desgraciadamente, desvela la intención del Gobierno de España de menoscabar una infraestructura estratégica para la Región de Murcia".