Las organizaciones animalistas y partidos afines han celebrado la aprobación del anteproyecto de ley de protección animal, al que ha dado luz verde este viernes el Consejo de Ministros y del que destacan su potencial para "reducir el mascotismo" en España, siguiendo la "tendencia en Europa".

Así lo han señalado a Efe diversas asociaciones de protección animal, como AnimaNaturalis, que ha recibido la aprobación del anteproyecto como una buena noticia, y ha destacado en concreto la prohibición, cuando salga adelante la ley -aún tiene que tramitarse en el Congreso y en el Senado-, de la comercialización de la venta en tiendas de mascotas.

Mientras no estén todas las jaulas vacías de las protectoras y refugios no entendemos cómo se sigue permitiendo la venta, ha aseverado Aïda Gascón, directora de AnimaNaturalis en España, quien ha resaltado también que con esta norma España está más cerca de la tendencia en otros países europeos, que a su juicio están más sensibilizados respecto a la tenencia responsable.

Gascón ha enfatizado en que en este país, donde en 2020 se registraron 6,7 millones de perros domésticos, hay que reducir el mascotismo, y ha alegado que si España tuviera la misma población que Alemania o que Rusia, seríamos líderes en perros por habitante.

El Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid también se ha pronunciado respecto a la nueva ley conocida popularmente como de bienestar animal, que considera una gran iniciativa encaminada a armonizar las distintas legislaciones de protección de las comunidades autónomas.

Sin embargo, esta entidad ha criticado que, eludir las consideraciones sobre bienestar animal, que sí que tienen un fundamento técnico y científico, dando prioridad a aspectos sobre la dignidad y derechos de los animales, sobre los que no existe consenso técnico y ni siquiera ético, añade confusión y subjetividad en nuestra interrelación con ellos, lo que puede suponer tanto indefensión para los propios animales como inseguridad jurídica para el conjunto de los ciudadanos.

Ese enfoque sobre consideraciones más subjetivas, advierten, relega a un segundo plano los aspectos concretos que garantizan su propio bienestar, y hace que la profesión veterinaria, responsable de velar y garantizar la salud integral de los animales y su interrelación con la salud humana, se convierte en mera ejecutora de normas que incluso pueden ir contra el bienestar animal.

Para Alianza Verde, partido englobado en Unidas Podemos, la aprobación de lo que será la primera norma en proteger los derechos de los animales en España es un paso gigante y que, al abordar el abandono como una de los temas centrales, será clave en un país donde se abandonan 200.000 animales cada año, ha señalado en un comunicado el coordinador federal de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde.

Desde el partido animalista PACMA, su vicepresidenta, Cristina García, ha coincidido en celebrar sobre todo el carácter armonizador de la ley, pues en cada comunidad autónoma, hasta ahora, se regula la protección animal de manera diferente, ha recordado.

García ha valorado especialmente aspectos como el reconocimiento de las colonias felinas, que según la ley corresponderá a los ayuntamientos gestionar de manera ética (garantizando asistencia médica y controlando la población de gatos comunitarios) así como el fin de la comercialización de mascotas, o el hecho de que para adquirir un animal de compañía se tenga que cursar una formación previa.

Por su parte, la Real Sociedad Canina de España ha recalcado el papel de los criadores profesionales, que en la ley figuran como los únicos que en adelante podrán criar animales para su venta, y también ha hecho hincapié en la necesidad de atajar el abandono, una de las lacras destacadas por la ministra Ione Belarra, cuya cartera ha impulsado el anteproyecto de ley de protección animal- en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Esta práctica, que la norma busca erradicar, afecta en España a más de 3.000 perros cada semana, ha recordado la RSCE, aunque ha matizado que los canes de raza apenas sufren abandono, puesto que están totalmente identificados en sus comunidades autónomas, y ha advertido del riesgo de recurrir a mecanismos extremos como la esterilización generalizada para evitar camadas innecesarias, práctica que debe darse en casos muy singulares o bajo consejo veterinario fundamentado.