Quince años de la prohibición taurina en Cataluña: una herida aún abierta

El 28 de julio de 2010, el Parlament catalán aprobó la prohibición de los toros en su territorio con 68 votos a favor, 55 en contra y 9 abstenciones. Fue la culminación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por asociaciones animalistas bajo el paraguas de la plataforma Prou!, que recogió más de 180.000 firmas. La votación no solo fue el desenlace de un proceso legislativo: se convirtió en un gesto de carga política y simbólica en plena efervescencia del proceso soberanista.

Los apoyos llegaron principalmente desde Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya Verds y un amplio sector de Convergència i Unió. El PP votó en bloque en contra, al igual que Ciutadanos. Pero fue el Partido Socialista de Cataluña (PSC) el que acabó desempeñando el papel más controvertido: sus diputados votaron en conciencia, lo que dividió al grupo y permitió la aprobación de la prohibición. Esa decisión, que evitó fijar una posición oficial, se ha interpretado con el tiempo como una muestra de ambigüedad interesada y cálculo electoral, más preocupada por no incomodar a nadie que por defender una postura firme sobre la cultura o las libertades individuales.

La última corrida tuvo lugar el 25 de septiembre de 2011 en la Monumental de Barcelona. El cartel, cargado de simbolismo, lo formaron José Tomás, Juan Mora y Serafín Marín, este último como representación del toreo catalán. Las entradas se agotaron y miles de aficionados acudieron desde todos los rincones de España, conscientes de que se ponía fin a una historia taurina que hundía sus raíces en el siglo XIX.

En 2016, tras años de recursos, el Tribunal Constitucional anuló la prohibición, sentando jurisprudencia al establecer que las comunidades autónomas no pueden suprimir una manifestación cultural que el Estado ha declarado Patrimonio Cultural Inmaterial, como es el caso de la tauromaquia desde 2013. Sin embargo, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona jamás dieron un paso para revertir la situación. La normativa catalana, aunque sin efecto jurídico, sigue vigente de facto por bloqueo político, falta de voluntad institucional y presión social.

La plaza Monumental, propiedad de la familia Balañá, permanece cerrada a los toros y desprovista de futuro taurino. Se utiliza esporádicamente para algún acto no taurino, pero su estructura acusa el paso del tiempo y la falta de mantenimiento. No existe ningún plan público ni privado para recuperar los festejos, pese a que legalmente podrían celebrarse.

La Monumental no fue clausurada por los ciudadanos ni por los aficionados, sino por un Parlamento dividido y por partidos como el PSC, que miraron hacia otro lado cuando les tocaba defender la pluralidad cultural de Cataluña. La prohibición, además de injusta, fue inútil, porque fue anulada. Pero la cobardía política ha impedido que esa rectificación legal tenga consecuencias reales. Mientras tanto, los toros, legalmente posibles, siguen siendo políticamente imposibles en Cataluña.