La Junta de Andalucía tiene previsto aprobar en Consejo de Gobierno una resolución para facilitar la celebración de espectáculos taurinos en Andalucía en el marco de las restricciones impuestas por el COVID-19 abaratando el costes de los festejos que se organicen en plazas de segunda y tercera.

Esta normativa, advierten fuentes de la Dirección General de Espectáculos e Interior, se encuentra aún en fase de borrador y tendría carácter temporal y será aprobada como Decreto Ley el próximo 2 de junio.

La intención de este normativa pasa por reducir los costes de los festejos que se organicen en plazas de segunda y tercera en relación a las cuadrillas, de forma que solo sea necesario un veterinario y las cuadrillas podrán conformarse con un único picador, dos banderilleros y un mozo de espadas. Otra de las novedades es que únicamente se le colocarían dos pares de banderillas a las reses lidiadas.

La resolución se acoge a la necesidad “hacer viables la organización y celebración de este tipo de eventos culturales, como medida de defensa y fomento de la tauromaquia en Andalucía", destaca la Dirección General de Espectáculos Públicos en un comunicado.

Ese mismo borrador señala que “se hace necesario contemplar los aspectos que suponen una eliminación o disminución de obligaciones formales, lo que conlleva una disminución de costes económicos como medida de fomento para su organización y celebración (de los festejos) en Andalucía”.

Dicho decreto tendrá vigencia “mientras persista la situación actual de crisis sanitaria, hasta tanto permanezcan las limitaciones de aforo para las plazas de toros que no permitan la presencia de al menos el 70 % de público, y en todo caso durante un año desde la fecha de esta resolución”.

Entre otras consideraciones, el decreto regula que en las corridas de toros o novilladas con picadores donde se vayan a lidiar seis reses, el número de caballos a presentar por la empresa organizadora será de tres, elimina la obligación de contar con banderillas negras y se contará con sólo cinco puyas precintadas reglamentariamente.

Rechazo frontal de las cuadrillas

La Unión de Picadores y Banderilleros de España (UNPBE), por su parte, ha emitido un comunicado en el que denuncia la intención de la Junta de Andalucía de reducir un cuarenta por ciento de los puestos de trabajo en corridas y novilladas, según el plan de medidas de ayuda que quiere aplicar al sector taurino durante la crisis en los festejos de la comunidad andauza.

El comunicado, que está firmado también por la Asociación Nacional de Mozos de Espadas, considera que todas las facilidades de la Junta para la celebración de festejos son muy "de agradecer por un sector tan afectado como el nuestro", pero al tiempo considera alarmante que "como única solución y único sacrificio propuesto contemple la eliminiación de un gran número de puestos de trabajo".

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Subalternos y mozos de espadas consideran que, "lejos de paliar la crisis del sector, la Junta provocaría así una mayor, al reducir los puestos de trabajo de unos colectivos profesionales que han visto suspendida tajantemente su actividad y llevan sin recibir ingresos de ningún tipo desde que finalizó la pasada temporada taurina, en octubre de 2019".

El comunicado continúa explicando que "tal medida puntual, que además influiría negativa y directamente en la calidad de la lidia y en el buen desarrollo del espectáculo, no supondría ningún beneficio considerable para el sector, y menos aún se si aplica durante tanto tiempo".

Y es precisamente esa aplicación durante un año lo que lleva a los profesionales a "sospechar de la influencia en la decisión, aprovechando el actual río revuelto, de otras partes implicadas que, con absoluta insolidaridad, llevan ya tiempo intentando imponerla definitivamente no sólo en plazas andaluzas".

Por último, este colectivo espera "que los responsables de la Junta rectifiquen y den marcha atrás en este claro atropello a los derechos laborales del sector taurino. En caso contrario, estas asociaciones mayoritarias adoptarán las medidas necesarias que caben en nuestro ordenamiento jurídico para defender los derechos de los profesionales taurinos".