Los grupos del Congreso han registrado más de 200 enmiendas parciales a la nueva ley de la Ciencia, un texto que introduce numerosos cambios en el sistema español de investigación, desarrollo e innovación y con el que el Gobierno quiere reducir la precariedad y la temporalidad laboral en el sector y asegurar una financiación pública estable y creciente.

Salvado el primer trámite parlamentario, al no presentarse ninguna enmienda a la totalidad contra la ley, se ha cerrado ahora el plazo para la presentación de enmiendas y los grupos han planteado una batería de propuestas para que se incorporen al texto remitido por el Gobierno.

Destacan por el volumen las que han presentado de forma conjunta el PSOE y Unidas Podemos, que no afectan al contenido esencial de la nueva ley pero sí introducirán previsiblemente algunos cambios importantes al texto.

Entre ellas, proponen adecuar la terminología que se utiliza en el texto a la que usa de una forma muy consolidada el INE en sus estadísticas periódicas sobre financiación pública (I+D y no I+D+i) e inciden en la importancia de la innovación en el sector público.

En ese sentido, plantean que la innovación en el sector público aparezca reflejada en las estrategias españolas de ciencia y tecnología como uno de los elementos esenciales que se deben promover, y recuerdan que el proyecto de ley ya recoge la importancia de la "compra pública de innovación" por parte de las administraciones públicas.

La modificación legislativa del Gobierno incluye, entre las principales novedades, nuevos modelos de contratos indefinidos para investigadores y personal técnico y de gestión, pero el Ejecutivo ha aprobado un decreto para que esa medida pueda ya entrar en vigor -es aplicable desde el 31 de marzo- y adelantarse al visto bueno en las Cortes de la ley mientras esta culmina su tramitación en las dos cámaras legislativas.

El PP ha registrado un paquete de enmiendas (67) orientadas a garantizar la carrera profesional al personal técnico y de gestión y al personal de investigación hospitalario, a mejorar la colaboración público-privada, para que se establezca un calendario de convocatorias unificado, para que los centros que se ubiquen en zonas despobladas puedan desgravar, o para que se elimine el tipo de cotización mínimo del impuesto de sociedades para la I+D.

Su portavoz de Ciencia, Pedro Navarro, ha subrayado -en declaraciones a EFE- que el proyecto de ley enviado por el Gobierno "puede ser un buen comienzo", pero a su juicio "deben rectificar si quieren unanimidad" y ha lamentado que el Ministerio no haya respetado el trabajo de la subcomisión que ha trabajado durante el último año en esa ley, que hayan solicitado procedimiento de urgencia y que quieran aprobarla antes de junio.

Unidas Podemos defiende en sus enmiendas la necesidad de aprobar un Estatuto de Personal de Investigación en el Sistema Nacional de Salud y la importancia de fomentar la participación de los trabajadores en las decisiones sobre innovación y tecnología de sus empresas.

Este grupo aboga además por un modelo "abierto" de publicación de los resultados de la investigación -no sujeto a suscripciones- y ha observado que de los cerca de 120.000 artículos científicos que publica anualmente la comunidad científica española solo 40.000 son de acceso público, y considera que el texto que propone el Gobierno es en este sentido "decepcionante" porque consolida los modelos tradicionales de publicación.

El grupo de Vox en el Congreso ha registrado también una batería de enmiendas parciales, algunas de ellas para que se eliminen del texto algunos postulados que consideran "ideológicos" -como "la igualdad efectiva de hombres y mujeres" o las referencias a la Agenda 2030- y centrar la ley en las necesidades concretas de la comunidad científica nacional.

Plantea también este grupo mayores ayudas a la maternidad en el ámbito de la ciencia para reducir la "brecha laboral" por maternidad, lactancia y adopción, medidas también para fortalecer y mejorar la colaboración público-privada en este ámbito, para fortalecer los contratos indefinidos que están asociados a proyectos científicos e innovadores, o para que el personal de investigación biomédica tenga las mismas características y beneficios laborales que el resto de personal investigador.

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Ciudadanos ha presentado más de treinta enmiendas parciales, entre ellas también alguna referida a evitar que las mujeres investigadoras estén en una situación de desventaja frente a colegas hombres cuando recaen sobre ellas más cuidados familiares, o para que el futuro Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación quede adscrito a la Presidencia del Gobierno y cuente con, al menos, un 60 % de científicos.

Una veintena de enmiendas parciales ha registrado también el PNV, orientadas en parte a defender y corroborar las competencias autonómicas en este ámbito, para mejorar la regulación de la figura del investigador "distinguido" o para un mejor libre acceso a los datos generados por la investigación en España.

Entre los partidos que más enmiendas parciales han presentado al texto está Junts, que ha registrado 39 propuestas preparadas en colaboración con el Departamento Investigación y Universidades de la Generalitat para tratar de preservar las competencias catalanas en esta materia, y tras escuchar también, ha informado su diputada Illamola Dausà, las peticiones de los centros de investigación de Cataluña.