Aprobada la Ley de la Ciencia con numerosos cambios y ningún voto en contra

El pleno del Congreso ha aprobado hoy la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que ha incorporado numerosos cambios para mejorar la carrera científica y reducir la burocracia y que sale de la cámara sin ningún voto en contra.

La ley -que contó con 279 síes y 62 abstenciones- garantiza por primera vez una financiación pública "estable y creciente" de la investigación y el desarrollo (I+D) para converger con la media europea y fija el objetivo de aumentar regularmente el gasto hasta alcanzar el 1,25 por ciento del PIB en el año 2030.

El proyecto incluye un paquete de medidas para reducir la precariedad en el sector (nuevos contratos indefinidos e itinerarios posdoctorales más estables), para retener el talento y tratar de atraer a científicos de prestigio, para reducir la carga administrativa que recae sobre los equipos de investigación y para agilizar la transferencia de conocimiento a la economía y a la sociedad.

Entre los cambios más importantes que se han incluido durante la tramitación parlamentaria destacan los dirigidos a mejorar las condiciones del personal investigador de los hospitales y centros del Sistema Nacional de Salud y para que sus carreras profesionales sean equivalentes a las de otros organismos públicos; o la eliminación de la obligación de avales bancarios privados para la financiación de los parques científicos.

Los portavoces de la mayoría de los grupos que han intervenido hoy en el pleno de la Cámara han valorado el amplio consenso que se ha alcanzado durante la tramitación del proyecto, que supone una profunda revisión de la ley de 2011, y la incorporación de numerosas enmiendas que han servido -han señalado los portavoces- para completar y mejorar el texto que remitió el Gobierno.

Salvo Vox, que aunque se ha abstenido en la votación final ha sido muy crítico con la ley por considerar que no va a resolver ninguna de las deficiencias de la ciencia, todos los portavoces han valorado las mejoras en la carrera científica y en las condiciones laborales de los investigadores, que la financiación púbica quede garantizada al margen de los vaivenes políticos y económicos, y que se reduzca la carga burocrática que tradicionalmente ha pesado sobre la ciencia.

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha celebrado el amplio acuerdo cosechado por un proyecto que a su juicio responde a las demandas de la comunidad científica, y ha subrayado que la ley es "oportuna y consensuada" y ha sido mejorada gracias a las aportaciones que han realizado las principales sociedades científicas y los grupos parlamentarios.

Diana Morant, que ha intervenido ante la cámara al término del debate, ha subrayado el "blindaje" por primera vez de la financiación pública para I+D+i y se ha mostrado convencida de que ésta "es la mejor ley posible para un futuro realizable".

Para reducir la precariedad en el sistema el proyecto incorpora nuevos contratos indefinidos para científicos y técnicos asociados a líneas de investigación, un nuevo itinerario científico posdoctoral encaminado a dotar a los investigadores de más estabilidad y una reforma del contrato posdoctoral "de acceso", así como más derechos para los investigadores más jóvenes y para el personal técnico que interviene en el sistema de ciencia y tecnología.

Entre las medidas para mejorar las condiciones del personal investigador de los hospitales, la nueva ley mandata por primera vez a las administraciones públicas a incorporar de forma estable investigadores en el Sistema Nacional de Salud (SNS) con categorías específicas y en condiciones similares a las del resto de organismos públicos y ha incluido el compromiso de aprobar un Estatuto del Personal de Investigación en el SNS.

La Ley promueve una importante reducción de la carga administrativa y burocrática ligada a la investigación, con una simplificación de la justificación de las subvenciones y más facilidades para participar en acuerdos internacionales, e introduce un paquete de medidas para agilizar la transferencia del conocimiento científico a la economía y a la sociedad.

El texto enviado por el Gobierno ya incluía la creación de la Agencia Española del Espacio, y durante la tramitación se han incorporado varias propuestas para que su sede atienda criterios de cohesión social y territorial para luchar contra la despoblación (el Gobierno ya ha anunciado que se ubicará fuera de la capital madrileña).