VÍCTIMAS TALIDOMIDA

Víctimas de talidomida demandarán al Estado por 390 millones

La Asociación de Víctimas de la Talidomida (Avite) ha presentado este lunes ante la Audiencia Nacional un anuncio de recurso contencioso administrativo contra el Estado por 390 millones de euros, la cantidad que -dice- les fue reconocida a los afectados en los presupuestos de 2018 y que aún no han recibido.,En un comunicado, los afectados por este fármaco, que fue desarrollado por Grünenthal GmbH entre 1957 y 1963 para las náuseas de las embarazadas y que provocó malformac

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 1'Actualizado 14:17

La Asociación de Víctimas de la Talidomida (Avite) ha presentado este lunes ante la Audiencia Nacional un anuncio de recurso contencioso administrativo contra el Estado por 390 millones de euros, la cantidad que -dice- les fue reconocida a los afectados en los presupuestos de 2018 y que aún no han recibido.

En un comunicado, los afectados por este fármaco, que fue desarrollado por Grünenthal GmbH entre 1957 y 1963 para las náuseas de las embarazadas y que provocó malformaciones en los fetos, sostienen que este anuncio de recurso es paso previo a que se formalice la demanda en la que Avite exigirá esa cantidad, que no han percibido a pesar de que ha transcurrido más de un año.

El retraso, según Avite, es aún "más inexcusable" si se tiene en cuenta que hace ya casi tres años el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una proposición no de ley que establecía que en 2018 las víctimas ya debían estar indemnizadas.

"La realidad es que a día de hoy no hay ni siquiera un solo afectado de la talidomida en España conforme al protocolo establecido al efecto hace nada menos que 20 meses", subraya la asociación, que acusa al Gobierno en funciones de "inactividad".

Y lo hace porque no les consta que el Gobierno haya actuado como le obligaba la ley de presupuestos de 2018, es decir el Ejecutivo debía reclamar parte de responsabilidad a la farmacéutica.

Además, los afectados lamentan que tampoco se haya estudiado la exención fiscal de las ayudas que tienen pendiente recibir.

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