Las Mareas de Residencias han pedido en el Congreso de los Diputados una ley estatal sobre el sistema de cuidados que cambie el modelo actual que "permite que, con dinero público, los cuidados sean ante todo un negocio para empresas privadas".

Detrás de la pancarta "Por una ley de residencias ya", el colectivo integrado por familiares de personas mayores, trabajadoras y voluntarias han reclamado ante el Parlamento la construcción de nuevas residencias y mejorar la dotación del personal, entre una batería de demandas.

En un documento registrado en la Cámara Baja y dirigido a los grupos políticos, las Mareas han denunciado la gestión de estos centros ante la covid y han planteado la urgencia de acordar "un marco legal estatal de mínimos" que sustituya el actual modelo de cuidados.

Los concentrados han coreado lemas como "Residencias públicas y de calidad" "Una ley ya" y "No más empresas en las residencias".

"Es urgente una ley marco estatal que marque unos mínimos para que todas las personas tengan una vida de calidad; los cuidados deben ser iguales con independencia de dónde vivas", ha explicado a Efe, Mariví Nieto, miembro del colectivo, quien espera que los grupos "tomen conciencia de que es necesario un cambio urgente" de los cuidados.

Otras de las propuestas del colectivo de defensa de las residencias, es aumentar las inspecciones a los centros y garantizar los derechos de los residentes, la participación de los familiares y una alimentación adecuada.

Además, piden que las residencias sigan recomendaciones para situaciones de emergencia y que se elimine la gestión privada de todas aquellas residencias públicas. "Los cuidados no son beneficio de nadie, sino un derecho", reclama Nieto.

"Han de tomarse las medidas adecuadas a fin de promover la calidad de vida de las personas que necesitan cuidados y dotar del valor que les corresponde a los profesionales", ha reclamado Carmen Martín, otro miembro del colectivo.

El colectivo denuncia que "la falta de regulación por parte de las administraciones deja a elección de las empresas los servicios que estas quieren dar, en una competencia a la baja donde prima obtener el máximo beneficio a costa del bienestar y la salud de las personas".

"Es necesario que a nivel estatal se fije un suelo del que ninguna residencia se pueda bajar y a partir de ahí cada comunidad pueda implementar las buenas prácticas que decida; no es un problema de una comunidad, sino de las 17", ha añadido Martín.

Entre los concentrados, María Jesús Valero se ha acercado al Congreso para reclamar que se mejore la dotación de personal.

"He sido afectada y sigo siendo, mis padres entraron en marzo de 2019 en una residencia y mi padre murió por covid sin que lo derivaran a un hospital. Hay una enfermera por planta con 40 residentes por la noche, es una deficiencia y una vergüenza que después de la cantidad de fallecimientos no cambien las normas", ha asegurado a Efe.

María José, otra de las manifestantes, ha reclamado control y vigilancia en los centros que no pueden hacer los familiares porque no pueden entrar en ellas.

"Ha sido un año horrible, esto es un genocidio de mayores, están metidos en una jaula y se les trata como macetas, están cosificados", ha lamentado esta mujer que tiene a su madre en un centro y que explica que ha pasado de estar "estupenda y de salir a comer en restaurantes a estar demenciada y en una silla de ruedas", concluye María José. EFE