'Hace unas semanas con la renovación de las listas la UE incluyó precisamente a Rusia en la lista gris. Fue justo antes de la guerra. Está previsto que en la próxima revisión, a la vista de las circunstancias, vaya a la negra'. Así resume la situación Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de los Técnicos de Hacienda quien cree que 'tendría más efectos reputacionales que otra cosa. Podría frenar las inversiones en Rusia pero con las actuales medidas sancionadoras poco añadiría'. De hecho, él cree que sus efectos negativos en el país serían más notables si España decidiera incluirlo en su propia agenda. 'Tendría más efectos directos con las inversiones españolas en Rusia o en determinadas normas. Pero ojo, en el caso del impuesto de sociedades supondría también una carga sobre todo en las empresas españolas con inversiones allí'.

Hoy en la lista española hay 33 países incluidos y, como nos dice, en cualquier caso el proceso incluiría una serie de requisitos para considerar una jurisdicción como no cooperativa. Un proceso que duraría al menos todo este 2022 para ser completado. En el caso de la europea el grupo que estudia estas sanciones se reúne dos veces al año y el primer encuentro se acaba de producir. Ahora mismo en esa lista comunitaria están incluidos nueve países: Panamá, Fiji, Trinidad y Tobago, las Islas Vírgenes, Palau, Samoa, Samoa estadounidense, Vanuatu y Guam. ¿Qué diferencia hay, por lo tanto, entre la lista negra y la gris? En la primera se considera a los territorios o países menos transparentes a la hora de compartir datos fiscales. En la segunda a aquellos que aportan información deficiente pero que se comprometen a mejorarla.

Sobre las consecuencias en los impuestos el que Rusia sea incluida en la lista negra de paraísos fiscales ha hablado también en COPE Ransés Pérez Boga, presidente de la Asociación Profesional de los Inspectores de Hacienda. 'Las tiene en todos: en el de la renta, en el de sociedades, en el de no residentes. Todo ello tanto para las personas físicas como para las empresas. La normativa del impuesto de sociedades tiene beneficios fiscales que no se aplican en los paraísos fiscales'.

Pérez Boga incide como Cruzado en que el hecho de que Rusia esté ya en la lista gris se debe a que existen imprecisiones de información. Piensa que tendría más efecto el romper el actual convenio de doble imposición con intercambio de información que tenemos suscrito con el país. 'Si de lo que se trata es de romper lazos no tiene mucho sentido mantener este convenio con el que ahora se están beneficiando las actividades mutuas'. La decisión de suscribir un convenio de doble imposición es un proceso muy largo pero derogarlo es más simple. 'Aquí no hacen falta negociaciones previas pero sí una ratificación por parte de las Cortes Generales'.

LA CLAVE DEL CONVENIO DE DOBLE IMPOSICIÓN

En él incide Javier Fernández-Cuenca, letrado experto en tributación internacional y socio de Ceca Magán Abogados. 'Yo desde el punto de vista tributario creo que sería más eficaz que España denunciara ese convenio que conseguir que la OCDE incluya a Rusia en la lista de paraísos fiscales. De hecho, la regulación de los paraísos fiscales combina las dos realidades: la posibilidad de que una jurisdicción esté en la lista de paraísos fiscales pero que a la vez tenga un convenio de doble imposición suscrito con un país. Por lo que si queremos que Rusia sufra consecuencias tributarias más que incluirla en la lista de paraísos fiscales de la OCDE lo que España podría hacer es denunciar el convenio de doble imposición con Rusia de forma que todas las ventajas de dicho convenio no pueden resultar de aplicación'. Este acuerdo firmado entre ambos países en 1998 impide, por ejemplo, que se tribute dos veces en dos territorios diferentes por un mismo concepto. Derogarlo obligaría también a aquellos ciudadanos rusos que tengan residencia en España a justificar cada uno de los días que pasen en nuestro país. Si no lo hacen tributarán aquí por todas sus rentas.

Para Fernández-Cuenca 'problemas tributarios al margen el estar en esa lista europea dificultaría a las personas que tengan movilidad entre las dos jurisdicciones o para las empresas o que tengan relaciones o presencia en ambas. Todo van a ser procesos burocráticos más complejos en los que se solicitará mucha más documentación para identificar a la gente y para analizar el origen de los fondos con los que invierte'.