España acelera el plan de vacunación para acabar con la pesadilla del coronavirus. Más de un millón de personas ya se consideran inmunizadas tras recibir las dos dosis necesarias. El Gobierno se mantiene firme en su objetivo de vacunar al 70% de la población antes del verano. Tal como recalcaba en febrero el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, el acceso a la vacuna sería gratuita y universal. Pero matizaba: "Eso está asociado a estar empadronado". Por tanto, ¿en qué posición quedan el resto de inmigrantes para la administración de la vacuna contra la covid-19? Según la Fundación PorCausa a través de un estudio, alrededor de 500.000 inmigrantes se encontrarían de forma irregular en España y, por tanto, quedarían excluidos del plan de vacunación del Gobierno.

Estefan está dentro de aquellos que cuentan con permiso de residencia, pero también sigue la información sobre las vacunas con preocupación. Lleva 4 años luchando por labrarse un futuro en España. En su país de origen no tenía trabajo y decidió venir a España en busca de una oportunidad. Entró por Ceuta, permaneció siete meses en la ciudad autónoma y desde ahí, llegó a Madrid.

Él también sufrió de primera mano el parón administrativo con el estado de alarma, un hecho que impidió que pudiera regularizar pronto su estancia en España. A través de una asociación recibe alimento y techo con unos compañeros a las que califica como una familia. En COPE hemos conocido su historia y hemos valorado con él la circunstancia que atraviesa este colectivo respecto a la vacunación del Gobierno.

Sobre la situación en la que se encontrarían las personas migrantes sin papeles cree que “es muy peligroso porque todas esas personas que no pueden vacunarse pueden contagiar. Creemos que será para bien”.

Este joven camerunés de 30 años comparte piso con otras 7 personas de diferentes nacionalidades: Marruecos, Guinea...múltiples culturas que se conjugan en un mismo espacio.

¿CUÁL ES EL ESCENARIO LEGAL QUE SE PLANTEA PARA ESTAS PERSONAS?

Raquel García es abogada y ha desgranado en COPE las cuestiones legales que se vislumbran para este colectivo ante el plan de vacunación propuesto por Sánchez y su equipo. La letrada ha indicado que "el Gobierno dijo que se iba a vacunar a todos los inmigrantes. Realmente, todas las competencias en materia de Sanidad están transferidas a las autonomías. Ellas tendrán que habilitar el modo de hacerlo".

Además, ha asegurado que el mayor problema está en los inmigrantes no regularizados. "Como tenemos la cobertura de seguridad social universal estarían cubiertos", afirmaba.

Los que están regularizados tienen los mismos derechos que el resto de la ciudadanía. Sin embargo, los inmigrantes irregulares puede que ni se hayan llegado a empadronar. No obstante, el riesgo que tendría no administrar las dosis de las vacunas a este colectivo es un hecho ya que podrían contagiar a la población. Por ello, cree que "en algún momento se tendrán que decidir a inocularlas a estas personas porque es en beneficio de todos".

ASÍ AYUDA EL PROYECTO BALIMAYÁ A LOS INMIGRANTES QUE LLEGAN A ESPAÑA

A comienzos de 2018 se constituyeron de modo formal. Por esas fechas, las Hermanas Apostólicas les cedieron un piso para el proyecto, que es en el que actualmente viven los inmigrantes en la capital.

Se trata de un piso de media estancia, en el que el objetivo es que al salir, puedan ser autónomos. No es un piso de primera acogida, sino de segunda (a veces lo ha sido de tercera), y cuentan con 8 plazas (cuatro habitaciones, dos por habitación). En un principio pensaron en tener 6 plazas estables y 2 de emergencia pero la realidad se imponía con sus necesidades. Una característica es que no tengan otra posibilidad de recurso a la que acudir.

Ahora mismo todas las personas que componen esta iniciativa son voluntarios, y entre uno o dos miembros de la asociación tutorizan y acompañan a uno de los chicos acogidos. En ese acompañamiento está la ayuda para formarse y poder regularizar su situación.