La Unión Progresista de Fiscales (UPF) se ha sumado hoy a la asociación de Juezas y Jueces para la Democracia y ha instado al Gobierno a dejar zarpar al buque Open Arms y a denunciar ante el Tribunal Internacional del Mar a los países que se niegan a acoger a inmigrantes rescatados en el Mediterráneo.

"El despacho de un buque debe ser un acto administrativo, no político, y limitarse a comprobar que el buque cumple con los requisitos necesarios para la navegación y la actividad que pretende realizar", subrayan la UPF en un comunicado.

A su juicio, la decisión de la Capitanía Marítima, dependiente del Ministerio de Fomento, de denegar la salida del barco "pretende suplir la falta de política europea".

Capitanía adujo razones de seguridad, pues no está garantizado que pueda desembarcar a los náufragos que salve ya que los Gobiernos de Libia, Italia y Malta no permiten el desembarco en sus puertos, pero la UPF subraya que no se puede supeditar la salida del barco a la existencia de acuerdos con esos países, algo que escapa de la posibilidad de actuación de Open Arms.

"Impedir por estos medios que las ONG puedan realizar las tareas de auxilio humanitario y denuncia frente a las costas de Libia blanquea y convalida las políticas atentatorias contra los derechos humanos, facilitándoles sus objetivos", denuncian los fiscales.

Piden por eso al Gobierno que permita salir al barco, que dé una respuesta "firme y valiente", denunciando a los Gobierno que están incumpliendo sus obligaciones internacionales, y que lidere una respuesta europea coordinada y respetuosa con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Juezas y Jueces para la Democracia han emitido hoy también un comunicado en la misma línea para pedir al Gobierno que "no impida la labor de quienes salvan vidas en el mar".