En España hay 290.000 viviendas públicas, para venta o alquiler, un 1,6% del total de casas residenciales que hay en el país, lejos de la media europea que está en el 9,3%. Es la cifra más baja de los últimos 40 años. La estimación que hacen los expertos es que deberíamos llegar al 15% en los próximos años para dar cobertura a las necesidades de una población cada vez más empobrecida y con mayor dificultad para afrontar el coste de tener un techo: el 11,3% de las familias se retrasó en los pagos de algunos de los gastos del hogar como el alquiler y la hipoteca según el informe FOESA de Cáritas.

Si nos vamos a 2020, un informe del Boletín Especial de Vivienda Social indicaba que en nuestro país había menos de una vivienda social por cada 100 habitantes. La media Europea entonces era de 4 por cada 100, con Países Bajos a la cabeza: 12 viviendas protegidas por cada centenar de habitantes. Ocupamos el puesto 18 del ranking. De las 290 mil viviendas públicas, 177.600 están destinadas a alquiler social, según los últimos datos oficiales que corresponden a 2.019. No hay forma de actualizarlos.

Las necesidades

“En 2008 tenemos una explosión de la burbuja inmobiliaria, tenemos una crisis tremenda a nivel residencial, pero esa crisis, no ha cesado, es estructural”. Nos lo cuenta Sonia Olea, del equipo de Incidencia Política de Cáritas Española. A los datos del Informe FOESA, que ya detectó que más del 11,3% de las familias se están retrasando en el pago del alquiler o la hipoteca, a las que hay que sumar casi el 7% de la población que vive en casas cedidas, según datos del INE, el 7,2% que habitan hogares insalubres según el informe de Cáritas. Los jóvenes, que no pueden acceder a una vivienda para empezar su vida y las personas sin hogar.

Son muchas las voces que desde distintos ámbitos advierte de la situación. Un informe de CCOO ya advertía en 2021 que 2 de cada 3 inquilinos con alquileres excesivos están en riesgo de pobreza. Y que el 22% dedican al alquiler entre el 30 y el 50% de los ingresos. 1,4 millones, más del 50%. En cifras, casi 3 millones de personas personas destinan más del 30% a pagar el alquiler y algo más de dos millones se encuentran en riesgo de exclusión.

La organización de consumidores OCU hizo una consulta a finales del año pasado y detectó que más de medio millón de familias tenían graves dificultades para pagar el alquiler, más del 16% .

En agosto del año pasado, Barcelona tenía una lista de espera de 600 familias que habían sido deshauciadas. Solo 15 consiguieron un alquiler estable. En Sevilla, había cerca de 18.000 inscritos en el registro de demandantes de vivienda protegida a finales del año pasado, antes de la última adjudicación de alquiler social. Más de 1.700 para la compra. Se ofertaban cinco. 18.000 familias esperaban un alquiler social en Canarias, 11.400 en la comunidad de Valencia, 7.000 en Baleares...eso da una ligera idea de la necesidad.

Frenazo en la construcción y fondos buitre

La construcción de vivienda social se ha frenado bruscamente. La OCU sobre datos oficiales asegura que en 2.011 se construyeron 58.308 viviendas de protección oficial. Diez años después, en 2.021, 9.567. Seis veces menos.

Se ha frenado y se ha degradado. La irrupción de fondos de inversión adquiriendo este tipo de inmuebles ha puesto en riesgo además la tranquilidad de aquellas personas que ya tenían adquirido el derecho a un alquiler social.

Es el caso de Almudena del Olmo. Vive en una casa de alquiler social desde 2008. Se lo concedieron porque era madre sola y tenía un trabajo con el que no llegaba al salario mínimo interprofesional de entonces (700 euros al mes). Luego le concedieron una minusvalía del 40%. En su piso de 100 metros vivían, además de ella y su hijo, dos hermanos y su madre. Pagaba 352 euros al mes. En el edificio de alquiler social viven 220 familias. Los contratos tienen una vigencia de cuatro años. Cuando se acaban hay que volver a presentar toda la documentación para mantener el derecho. En la última renovación, la irrupción de un fondo de inversión que se hizo con la propiedad del inmueble se lo puso muy difícil, a ella y a sus vecinos: les dieron un mes para abandonar sus viviendas. Tras mucha batalla consiguieron quedarse, pero el alquiler les subió entre 2.400 y 2.880 euros al año. Almudena paga ahora 552 euros cada mes. Pero la próxima renovación será imposible. El fondo de inversión venderá los pisos como vivienda protegida a 150.000 euros. A Almudena le quedan dos años de alquiler social, pero está buscando ya nueva vivienda en los municipios cercanos, con vivienda más barata. También por la cuantía que paga, en un municipio al norte de Toledo. “Alquiler social no me van a dar porque ya tengo una-explica- y a mi no es que me echen es que me voy yo, porque quiero adelantarme y que no me pille el toro. Tengo amigos y vecinos a los que les ha pasado: en un mes ¿dónde te vas corriendo? Como me quedan dos años de contrato quiero ir adelantándome”.

Si tiene ese derecho, lo normal es que si les echan de sus casas porque van a destinarlas a la venta, le diesen otra casa, pero en su municipio no quedan ya viviendas de alquiler social. Nos cuenta que han hablado con el alcalde para “reclamarle que habiendo tantas casas construidas en la zona, vacías y destrozadas, y tapiadas pues que las adecente y las destine a alquiler social, porque ya no hay más. Lo único que quedaba era mi edificio y ya no va a estar destinado a ello”.

El 15% para empezar a hablar de política publica de vivienda

Se va al mercado libre, a los vaivenes y subidas, y lo hace ahora en situación de desempleo. El informe FOESA también detectó que la estrategia adoptada por las familias para afrontar los pagos de alquiler e hipoteca es la reducción de gastos habituales en alimentación, ropa y calzado, que alcanza a prácticamente a 3 de cada 10 familias en España, y se multiplica por dos entre los hogares que sufren exclusión social.

“Lo último de lo que uno quiere desprenderse -nos dice Sonia Olea- es del lugar en donde vive, por todo lo que implica de poner en riesgo a la familia, vulnerabilidad, de tener más dificultades de acceso al empleo, de muchisimos problemas de salud mental y emocional. Todos los estudios que se están haciendo recomiendan al estado español recuperar vivienda social lo más rápidamente posible, entre otras cosas porque dentro de poco volverán a producirse los desahucios que ahora están paralizados y estas personas no tienen donde meterse, no hay vivienda social”. Es, nos comenta “el pozo negro de la vivienda, donde las familias caen”.

Los sociólogos consultados por Cáritas sitúan en un 15% del total de las viviendas residenciales del país el número de viviendas públicas necesarias, como dato asumible para poder hacer una política pública de vivienda. El dato actual es el 1,6%.

Las previsiones

El gobierno aprobó en agosto del año pasado la promoción de 17.359 viviendas de alquiler social a través de la Entidad Estatal de Suelo (SEPES). El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) traspasará este año 115,3 millones de euros a esta entidad. Esa cantidad aumentará este año hasta los 260 millones de euros, según quedó recogido en los presupuestos generales del estado. El ejecutivo también informó de que el SEPES está estudiando la adquisición de nuevos terrenos para desarrollar 34.000 viviendas en la próxima década. El objetivo final es construir cien mil viviendas sociales antes de 2.030. La cantidad de inversión que se necesita para alcanzar ese 15% de vivienda social sobre el parque residencial total “tiene que ser mucho más grande de lo que está siendo en estos momentos”, asegura Oloea.

El secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, anunció en un acto organizado por al fundación Alternativas que el año pasado estaban ya iniciadas unas 57.000 viviendas de protección, en distintas fases de construcción.

De las 290.00 que se calcula que hay ahora mismo, 180.000 son de comunidades autónomas y 110.000 de ayuntamientos y entidades.

En el Congreso de los Diputados está ya el Proyecto de Ley de Vivienda para su tramitación urgente. Lo aprobó hace un año el consejo de ministros y prevé, entre otras cosas un blindaje de al menos 30 años para que mantengan esa consideración y no puedan venderse. Propone también una reforma de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, que prevé que el 30 por ciento de todos los suelos nuevos destinados a la construcción de viviendas estén sujetos a un régimen de protección pública, y que el 10 por ciento de los suelos urbanos destinados a la renovación urbana gocen de dicha protección.

Hay muchas esperanzas puestas en esta norma, esperanzas que en algunos aspectos se han visto frustradas. Sonia Olea nos cuenta que a Cáritas le preocupan especialmente dos aspectos, “el parque público de vivienda social para las personas vulnerables y en situación de emergencia, también para las personas en situación irregular, y por otra parte el tema de los desahucios, creemos que es necesaria una nueva regulación que prevea que las personas vulnerables no puedan ser desahuciadas si no hay una alternativa de vivienda. Ya hay un dinero, un fondo para indemnizar a los propietarios, en caso de que sea vivienda privada, si no se puede deshauciar hasta que exista un alojamiento alternativo”.

La portavoz de Cáritas explica además que la ley estatal “podría crear esas columnas de las que luego pueden beber ayuntamientos y comunidades para poder hacer posible que todo el mundo tenga acceso a ese derecho humano, a una vivienda adecuada”.