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PERSONAS VULNERABLES

Dos de cada 3 ciudadanos rechaza vivir con una persona con enfermedad mental

Casi la mitad de la población en España reconoce no tener intención de entablar relaciones personales con las personas que pasan por un problema de salud mental y dos de cada tres prefieren no convivir con ellas, según un estudio realizado por la Universidad Complutense sobre el estigma en la sociedad española.

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 11:56

Casi la mitad de la población en España reconoce no tener intención de entablar relaciones personales con las personas que pasan por un problema de salud mental y dos de cada tres prefieren no convivir con ellas, según un estudio realizado por la Universidad Complutense sobre el estigma en la sociedad española.

La investigación, realizada por la Cátedra UCM-Grupo 5 Contra el Estigma y presentada este jueves, analiza y cuantifica por primera vez en España el estigma social en la población hacia las personas con trastornos mentales, en situación de sinhogarismo y con discapacidad intelectual.

El estudio "El estigma en la población española. Una mirada hacia las personas con problemas de salud mental, sin hogar o con discapacidad intelectual" se ha realizado a través de un estudio en las poblaciones afectadas y de una encuesta a 2.775 personas.

Los resultados ponen de manifiesto que un 65 % de las personas entrevistadas rechaza vivir con una persona con trastorno mental, un 44,4 % muestra una intención media-baja de acercamiento a esas personas y un 40 % no le gustaría que sus hijos se relacionasen con ellas.

Uno de cada tres encuestados admite que no mantendría una amistad con una persona con trastorno mental, aunque el 55,6 % sí estaría dispuesta a tener un contacto más cercano con estas personas.

En cuanto a las actitudes que se tienen hacia estas personas, un 42,32 % reconoce tendencias autoritarias y un 69,29 % tendrían planteamientos restrictivos hacia este colectivo.

Además, factores como la coacción para que la persona se ponga en tratamiento, la creencia de que van a necesitar ayuda de forma recurrente o la pena obtienen puntuaciones medias/altas y solo el enfado hacia estas personas y la consideración de que tienen la culpa de su situación se sitúan en niveles bajos.

Para los investigadores, estos resultados y la terminología empleada para referirse a ellos ("locos, zumbados o enfermos") señalan las tendencias estigmatizantes presentes en la población española.

Un estigma que también recae en las personas sin hogar: un 47,5 % de la población no quiere relacionarse con ellas y dos de cada tres ciudadanos prefiere no convivir con estas personas. No obstante, las actitudes hacia este colectivo son mayoritariamente positivas (62,1 %) frente al 1,7 % con posturas negativas.

Entre las atribuciones que estigmatizan a este colectivo, figuran la pena (60 %), la necesidad de ayuda (56,5 %) y la coacción (34,45 %).

Alrededor de un 16 % de los ciudadanos afirman que las personas sin hogar se aprovechan del sistema, un 26,5 % que tienen valores muy distintos a los suyos, en torno a un 23 % que infectan los espacios públicos y un 17 % cree que han cometido delitos y que son personas vagas.

Para el 18 % de la muestra estos individuos nunca llegan a recuperarse; un 63,3 % considera que están invisibilizadas; un 50,6 % que han fracasado en su vida, y un 68,1 % las sienten excluidas de la sociedad.

Sobre el estigma hacia las personas con discapacidad intelectual, la investigación evidencia que un tercio de la población admite que no tiene intención de mantener relaciones personales con ellas, casi la mitad preferiría no convivir y un 34,6 % rechaza que un hijo se relacione con alguien con estas características.

Los investigadores alertan del lenguaje despectivo y poco inclusivo -"deficientes, retrasados o disminuidos"- que aún se emplea para referirse a estas personas, que advierte de la presencia de un estigma relevante hacia esta población.

De hecho, más del 90 % de los encuestados muestran niveles altos de estigma y el 82 % considera que el tener esta condición no suele tener aspectos positivos, lo que contrasta con que un porcentaje superior al 80 % tiene actitudes inclusivas medias-altas y casi la totalidad tiene expectativas positivas hacia ellos.

Se aprecian además actitudes negativas que resultan paternalistas como la pena (62 %) o la ayuda "forzosa" que estas personas deben recibir (92 %) y uno de cada cuatro ciudadanos cree que son peligrosas, las perciben con miedo, tienden a evitarlas y consideran que habría que apartarlas de la sociedad.

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