Lo primero que VOX pide al Tribunal Constitucional es una medida cautelar, que se suspenda la aplicación de la ley de eutanasia, que entra en vigor el 25 de junio, porque podría causar daños irreparables mientras no haya sentencia.

Según el recurso, al que ha tenido acceso COPE, esta ley vulnera frontalmente el derecho fundamental a la vida, que es el valor supremo de nuestro ordenamiento jurídico, y en él se sustentan los demás derechos.

“El Estado tiene la obligación positiva de establecer un sistema jurídico e institucional de protección de la vida”, señala el escrito. No existe un derecho a exigir que se provoque la muerte, y esta ley, dice a COPE la diputada de VOX, Lourdes Méndez, reconoce la eutanasia como un derecho. Eso vulnera el artículo 15 de la Constitución, y también la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). No existe el derecho a la muerte, insiste, la eutanasia es radicalmente inconstitucional.

El recurso, de 67 páginas, hace referencia a distintas sentencias del TC y del TEDH sobre la defensa de la vida, en las que se niega el derecho a morir o al suicidio. “El único derecho fundamental en juego en los casos en los que se busca la propia muerte es el derecho a la vida”, sentencia el TC en el caso de la huelga de hambre de unos reclusos. Y destaca la jurisprudencia del TEDH, “los estados tienen que adoptar las medidas necesarias para proteger la vida de quienes se encuentren bajo su jurisprudencia”.

No se quiere morir, sino vivir de otra manera. El verdadero reto, señala el documento, es cambiar las circunstancias, abordar las reformas sociales necesarias. Y hace referencia a los cuidados paliativos de varios países y a los análisis y propuestas de sus comités de Bioética.

Como también se refiere al peligro de las “pendientes resbaladizas” de países de nuestro entorno, como Bélgica y Holanda, con la despenalización de la eutanasia. La muerte, el final de la vida, es también el final del sufrimiento. Si el dolor o el sufrimiento, pudieran eliminarse desaparecería la petición de la eutanasia.

El recurso apunta, además, hacia el papel de los profesionales sanitarios. Su colaboración es necesaria para llevar a cabo la eutanasia y plantea problemas de otra naturaleza, con implicaciones en el deber del Estado de proteger la vida. Y menciona el registro que crearán las administraciones sobre los sanitarios objetores de conciencia que no quieran ayudar a morir a nadie.

Similar al que hubo con la interrupción del embarazo. VOX considera improcedente la regulación que hace esta ley de la objeción de conciencia, limita la libertad de conciencia de los médicos.

Para VOX esta ley es inconstitucional, y también es incompatible. Si el estado tiene la obligación de proteger la vida no cabe la obligación de procurar la muerte, nos dice Lourdes Méndez. Para los 52 diputados esta ley representa el fracaso de una sociedad moderna, matar en lugar de curar.