La pandemia está dejando una profunda huella social en nuestro país. Es un “shock sin precedentes” que está provocando un aumento de las desigualdades y de la exclusión social solo mitigado en parte por las medidas públicas puestas en marcha según recoge el último informe FOESSA de Cáritas Española. El mayor generador de vulnerabilidad y precariedad social es en esta crisis, y, en mayor medida que en otras, el desempleo.

Y es que según este informe si algo ha quedado claro durante la pandemia, con una reducción de la actividad económica sin precedentes desde la Guerra Civil y una caída del 10,8 por ciento del PIB (riqueza nacional) es una mayor segmentación de las personas y familias entres quienes han visto protegido su empleo y quienes lo han perdido y el impacto ha sido bastante mayor para quienes tenían baja cualificación y empleos precarios ya antes de la pandemia. Han sido también los más expuestos al virus por tener trabajos que solo se pueden hacer de forma presencial y los más afectados por la temporalidad los bajos salarios y el paro.

Y es que 4 de cada 10 personas en situación de exclusión social severa por sus ingresos y la inseguridad laboral trabajan en labores de hostelería, agricultura y también limpieza, muchos considerados trabajadores esenciales durante el Estado de Alarma. Además, la pandemia ha venido a reforzar la transformación del mercado laboral, hacia modelos hiperflexibles, reduciendo las jornadas de trabajo y con ello los sueldos para un amplio colectivo que tienen cada vez más difícil lograr una segunda ocupación para tratar de elevar sus ingresos mensuales.

El resultado es, según subraya el estudio “la extensión de la pobreza en casi todas las categorías socio-demográficas, en la mayoría de los territorios, sobre todo, en aquellos con mayor peso de actividades presenciales” y que solo durante el primer año de pandemia “el porcentaje de población en situación de carencia material severa creció un 50 por ciento pasando del 4,7 al 7 por ciento”.

A finales de 2020 había 100.000 personas más en situación de pobreza extrema que antes de la pandemia, dos millones de personas más excluidas y menos de la mitad de los hogares en situación de integración plena.

La falta de ingresos periódicos y predecibles es algo que conocen bien personas como Verónica, de 36 años, con un hijo de 12 y separada, obligadas a vivir al día, en este momento, en nuestro país.

En su situación influye además negativamente el ser mujer y el estar al frente de un hogar monoparental. Cuatro de cada diez de estas familias son vulnerables, la mitad de ellas están en situación de exclusión severa. En los hogares con una mujer como sustentadora principal, como en su caso, la tasa de exclusión duplica al que registran las familias en la que la mayoría de los ingresos los aporta un hombre.

“Llegó el COVID y me quitaron horas. Pasé de trabajar toda la semana de lunes a viernes, a tan solo trabajar 2 ó 3 días a la semana hasta que me dijeron que ya no hacía falta que volviera y me quedé desempleada. Estoy separada y mi hijo tiene 12 años. Llevo 2 años en el paro, antes con el sueldo yo pagaba mi vivienda, sobrevivía estupendamente, no tenía que depender de mis padres ni de nadie, pero al perder el trabajo la cosa cambió” explica Verónica en COPE.

Llevaba siete años trabajando como empleada del hogar en una casa en Sevilla. Allí vive junto a su hijo en un piso que compró un año antes de que estallase la pandemia cuando decidió dejar de vivir de alquiler. Hoy apenas puede pagar la hipoteca y salen adelante con ayuda públicas y el apoyo familiar y de organizaciones como Cáritas o el Banco de Alimentos.

“Cobro la renta mínima y la ayuda familiar, entre las dos cosas no llega a 500 euros mensuales, la verdad que me ha cambiado mucho la vida desde que llegó el COVID. Solo la letra de la hipoteca son 387 euros al mes, he pagado un año que se cumplió en septiembre y aún me quedan 8 años, tela lo que me falta para que la casa sea mía. Yo lo máximo que llego a poner son casi 300 euros, el resto lo pone mi padre porque yo no puedo” explica Verónica.

Para su alimentación también ha solicitado la ayuda, en este caso, del Banco de Alimentos del que obtiene aproximadamente la mitad de lo que necesitan para sobrevivir. Para lograrlo debe estar pendiente y llamar cada mes para explicar que sigue en la misma situación, que aún no ha conseguido un empleo.

“Tú vas a un mercado que hay en la Avenida de la Paz o donde te manden y te dan tu bolsa de carne, lácteos, productos para elaborar un potaje y eso te puede durar 15 días como mucho. Te llaman una vez al mes cuando te llaman porque a veces no lo hacen. Por ejemplo, en Navidades no se han acordado de llamarme y lo que he hecho es llamarles yo el 4 de enero para explicarles que mi situación no ha cambiado y que me inscriban en la lista (para el reparto de la ayuda)” subraya.

Lo que Verónica más desea es lograr un empleo y dejar atrás unas ayudas que, aunque agradece, siente que la sitúan siempre en la cuerda floja. Ha peleado también por el bono social para tener un descuento en el agua y la luz, pero “aun así lo tienes que pagar y si no ingresas ¿cómo pagas?” se pregunta.

“Nunca tienes nada fijo, no sabes con lo que vas a contar al final depende si ese mes te dan esa ayuda o no. Como tú cobrar tu nómina y no tener que depender de nadie es lo mejor. Yo me veo en un futuro así, por lo menos colocada” explica Verónica.

Para lograrlo ha hecho un curso de formación organizado por Centro Diocesano de Empleo de la Cáritas Sevillana de 6 meses y centrado en la limpieza en grandes superficies y en el que están puestas sus esperanzas para volver a conseguir un trabajo y su independencia.

“Hice mis prácticas en Quirón materno y eso es una puerta más que tengo abierta. Lo que pasa es que me llamaron para una sustitución (en diciembre) y justo estaba con COVID y entonces me dijeron que para la próxima, pero yo confío en que tarde o temprano me van a volver a llamar.

Entretanto, en hogares como el de Verónica no hay dinero para hacer frente a gastos imprevistos. De hecho, solo el 9 por ciento de las familias en exclusión pueden afrontarlos. En el resto de hogares el 36 por ciento si tiene esa capacidad y el 20 por ciento recurre a la ayuda de familiares y amigos, más del 70 por ciento si hablamos de familias en situación de exclusión.

“Gracias a Dios tengo padres porque sin ellos me hubiera costado muchísimo porque muchas veces me las veo y me las deseo, sobre todo, cuando empieza el colegio, cuando hay que comprarle ropa al niño y se acumulan los gastos. Los padres no lo dan todo, pero también tienen que vivir su vida y no son eternos” señala Verónica.

Pese a su difícil situación tiene unas redes que para otros han desaparecido durante la pandemia que también ha acelerado la brecha digital y excluido a quienes no tienen acceso a dispositivos y a Internet. Y es que el 34 por ciento de las 7.000 personas entrevistadas en para el último informe FOESSA afirman que no reciben ayuda en momentos de necesidad.

En él se recoge una mejora de la respuesta pública con respecto a anteriores crisis económicas tanto en ayudas como en legislación por ejemplo con los ERTES, la ley del teletrabajo o la protección por cese de actividad para los autónomos, pero se subraya que el despliegue, por ejemplo, del Ingreso Mínimo Vital, ha sido insuficiente además de lento. Algo que hace necesario revisar concluyen “una revisión en profundidad del modelo de Estado de Bienestar para centrarlo en el acceso a los derechos”.

Abogan por una mayor coordinación y políticas sociales más flexibles y descentralizadas; priorizar la digitalización para la inclusión; invertir en políticas de empleo joven; aumentar el Salario Mínimo Interprofesional y poner en marcha otras medidas retributivas; reforzar los programas de protección social en hogares con niños, especialmente en hogares monoparentales y prevenir el deterioro de las relaciones sociales además de reinventar los servicios residenciales y poner en marcha recursos también domiciliarios, telemáticos y más centros de día.

En juego está, aseguran, evitar que la pobreza se cronifique y lograr que la recuperación llegue también a los más vulnerables. Y todo porque demasiadas familias vulnerables arrastran su situación desde la crisis económica de 2008 a 2013. Para muchos de estos hogares la recuperación nunca llegó y el riesgo es que ahora suceda lo mismo.