España se moviliza frente a la 'realidad silenciada' del maltrato a los mayores

 1 de cada 6 mayores sufre algún tipo de maltrato según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se trata de agresiones físicas y psicológicas, apropiaciones patrimoniales negligencia o discriminación ligada a la edad. Una realidad que ha llevado a la Asociación para el Bienestar de la Tercera Edad (ABTE Candelaria) a poner en marcha una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para crear la primera Ley de Protección Integral contra el Maltrato a las Personas Mayores en España. 

Su vicepresidente, Francisco Contreras, ha explicado en declaraciones a COPE que el objetivo es combatir una "realidad silenciada" que afecta a uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad, ya que el maltrato a menudo "se da en entornos de confianza o relación familiar o institucional y no se denuncia por miedo a las represalias o por vínculos emocionales, económicos o funcionales y finalmente no traslucen, no computan a efectos estadísticos y no se pueden atajar".

Una violencia invisible y silenciada

Aunque las cifras oficiales, como las del Observatorio Social de las Personas Mayores, apuntan a que un 16% de los mayores de 64 años sufre algún tipo de maltrato, los expertos advierten que la proporción real podría ser mucho mayor. Algunas estimaciones elevan la cifra hasta un 40-45% debido al miedo a denunciar y a la falta de registro. De hecho, el estudio 'Violencia en la vejez' de HelpAge International España afirma que solo el 4% de los casos de maltrato se denuncia y que el 80,3% queda sin esclarecer.

Los datos de las organizaciones que trabajan sobre el terreno confirman la gravedad del problema. Cruz Roja Española atendió en 2024 a más de 2.200 personas mayores víctimas de maltrato, siendo el psicológico y el abandono los más frecuentes. Por su parte, el teléfono de ayuda de la Confederación Estatal de Mayores Activos (CONFEMAC) ha gestionado más de 3.000 casos desde 2019, 600 de ellos solo en 2024, evidenciando una problemática constante y oculta.

Significaría un cambio jurídico profundo en la protección y tipificación del maltrato a mayores en España"

FRANCISCO CONTRERAS

Vicepresidente de la Asociación para el Bienestar para la Tercera Edad (ABTE Candelaria)

La propuesta de ley se presenta como una necesidad urgente ante la "fragmentación normativa" actual. Contreras critica que el Código Penal "no identifica todas las tipologías de maltrato", dejando fuera conductas como el abuso psicológico o económico. "Hay muchos tipos de maltrato que no están contemplados en la norma lo que dificulta su persecución", lamenta. Por ello, la nueva ley significaría "un cambio jurídico profundo en la protección y tipificación del maltrato a mayores en España, ya que establecería por primera vez un marco legal específico, transversal y accesible".

Un marco legal basado en cuatro pilares

El articulado de la iniciativa se sostiene sobre cuatro ejes fundamentales. El primero es la prevención, con campañas para fomentar la participación activa de los mayores y "romper con ese estigma que es el edadismo y que sean referentes en lugar de apartarlos y arrinconarlos porque tienen cierta edad o ciertas situaciones de vulnerabilidad". El segundo es la detección, a través de la formación de profesionales sanitarios, sociales y policiales para que identifiquen los indicadores de riesgo. En este sentido, Contreras destaca la necesidad de "mecanismos efectivos de denuncia, protección inmediata y formación obligatoria".

Hay muchos tipos de maltrato que no están contemplados en la norma lo que dificulta su persecución"

FRANCISCO CONTRERAS 

Vicepresidente de la Asociación para el Bienestar para la Tercera Edad (ABTE Candelaria)

El tercer y cuarto pilar son la atención a las víctimas y la sanción del delito. La ley contempla una asistencia jurídica y psicológica especializada y "soluciones habitacionales" para alejar a la víctima del agresor. Finalmente, se establecen sanciones importantes, tanto administrativas como penales, para "atajar" y "erradicar" estas conductas, ya sea en entornos residenciales o familiares. Solo en el plano administrativo la norma que proponen incluye medidas como multas y hasta el cierre de centros de mayores para los casos graves. 

La carrera por las 500.000 firmas

Para que la propuesta legislativa sea debatida en el Congreso de los Diputados, la asociación necesita recoger 500.000 firmas antes de que finalice el plazo en marzo de 2026. El proceso se puede realizar de forma digital a través del portal por nuestrosmayores.org. Francisco Contreras hace un llamamiento a la ciudadanía y a los medios para dar voz a una iniciativa que considera "un bien social para todos".

La iniciativa ya cuenta con un amplio respaldo institucional, que incluye universidades, sociedades médicas, agrupaciones políticas y, de forma destacada, la Conferencia Episcopal Española. La Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida ha mostrado su apoyo explícito, reconociendo la "urgencia y necesidad de una legislación específica" y comprometiéndose a promover campañas de sensibilización así como el acceso de todos los mayores a los cuidados paliativos, llegado el caso de una enfermedad terminal.  

Contreras concluye que el objetivo final es construir un marco jurídico robusto para que las personas mayores estén protegidas. "Todos vamos a llegar a esa situación y queremos llegar libres y en plenitud de derecho", afirma, instando a la sociedad a sumarse a un proyecto que busca garantizar la dignidad y el respeto en la última etapa de la vida.