El ministro de Justicia, Rafael Catalá ha asegurado que el Gobierno respeta y acata la decisión de la Audiencia de Schleswig-Holstein de descartar el delito de rebelión en la petición de extradición a España del expresidente catalán Carles Puigdemont.

Según Catalá, la decisión "es la manifestación del funcionamiento de la Justicia independiente, aquí en España, en Alemania y en todos los países de la Unión Europea". El ministro ha insistido además en que "hay que respetar los tiempos y la independencia de los jueces" y ha resaltado la labor de los jueces que "cada día toman decisiones, unas nos gustan más, otras nos gustan menos, pero todas ellas están hechas en el ejercicio de su independencia y lo que corresponde es acatarlas y llevarlas adelante". También ha recordado que la petición de entrega de Puigdemont es un proceso judicial "largo y que tiene sus tiempos" y ha pedido prudencia hasta que finalice: "Hoy es una primera decisión y de ahí se deriva un proceso jurisdiccional en el que hay diversos recursos. Veremos cuál es la decisión final y cuál es el enjuiciamiento en España".

Fuentes del Gobierno español han asegurado además que están convencidos de que la Justicia española "adoptará las medidas más adecuadas" después de que la Audiencia de Schleswig-Holstein (Alemania) haya dejado en libertad bajo fianza al expresidente catalán Carles Puigdemont y haya desestimado extraditarlo por un delito de rebelión.

Desde el Ejecutivo han recalcado además su confianza en que los tribunales españoles tomarán la decisión más correcta. Aseguran que "desconocen los términos exactos en los que se ha pronunciado el tribunal alemán" y por ello, de momento "no se puede hacer ninguna valoración". También se recuerda que no es costumbre opinar sobre las decisiones judiciales, muy especialmente cuando se trata de decisiones tomadas por un tribunal de otro país. 

La Justicia alemana ha determinado la puesta en libertad bajo fianza de Puigdemont, al considerar que los actos que se le imputan en España no son compatibles con el delito de alta traición que recoge el Código Penal alemán en el Título II, artículo 81. El juez ha concluido que no existió la violencia necesaria como para doblegar la fuerza del Estado, requisito indispensable para ser considerada alta traición en la República Federal de Alemania.