El delito de rebelión, por el que el juez Llarena pretendía juzgar al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont está recogido en el Capítulo Primero del Título XXI del Código Penal. En su artículo 472, se lee lo siguiente:

Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes:

1.º Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución.

2.º Destituir o despojar en todo o en parte de sus prerrogativas y facultades al Rey o Reina o al Regente o miembros de la Regencia, u obligarles a ejecutar un acto contrario a su voluntad.

3.º Impedir la libre celebración de elecciones para cargos públicos.

4.º Disolver las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados, el Senado o cualquier Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma, impedir que se reúnan, deliberen o resuelvan, arrancarles alguna resolución o sustraerles alguna de sus atribuciones o competencias.

5.º Declarar la independencia de una parte del territorio nacional.

6.º Sustituir por otro el Gobierno de la Nación o el Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma, o usar o ejercer por sí o despojar al Gobierno o Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma, o a cualquiera de sus miembros de sus facultades, o impedirles o coartarles su libre ejercicio, u obligar a cualquiera de ellos a ejecutar actos contrarios a su voluntad.

7.º Sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno.

En su auto, el juez que instruye la causa considera que Puigdemont y los miembros de su gobierno conocían el alto riesgo de violencia que suponía la convocatoria y celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre y que, a pesar de saber que era probable que hubiera actos violentos, siguieron adelante con la convocatoria y animaron a los ciudadanos a ir a votar.

Los acusados por este delito, como Oriol Junqueras, Jordi Turull, Joaquim Forn o Carme Forcadell, podrían enfrentarse a penas de hasta 25 años de prisión.

Según el escrito de la Audiencia de Schleswig-Holstein, la violencia que se produjo en la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre "no fue suficiente para poner al Gobierno bajo suficiente presión que obligara a rendirse ante los perpetradores de la violencia".

El delito más similar en Alemania es el de Alta Traición, recogido en el Título II del Código Penal Alemán. En el Artículo 81, considera como reo de alta traición contra la Federación al que, mediante el uso de la violencia o la amenaza de violencia:

1.º Intentara socavar la existencia continuada de la República Federal Alemana o intentara cambiar el orden constitucional basado en la Ley Básica de la República Federal Alemana. Se enfrentarán a condenas de entre diez años y cadena perpetua o en casos menos severos de entre uno y diez años.

En ambos casos se señala como condición indispensable el uso de la violencia. Según el escrito de la Audiencia de Schleswig-Holstein, la violencia que se produjo en la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre "no fue suficiente para poner al Gobierno bajo suficiente presión que obligara a rendirse ante los perpetradores de la violencia".

Por lo tanto, lo que concluye el auto es que los actos de Puigdemont no son suficientes para que fuera acusado en Alemania de un delito de alta traición.