Primero fueron las más de 6.000 multas anuladas por defecto de forma en la hora; luego las multas a la carta antes de las elecciones de Mayo, también tenemos el fallo en el sistema de comunicación con los aparcamientos y lo último que cuenta COPE desde esta mañana, es la denuncia de miles de conductores que han sido multados desde el pasado 8 de julio y hasta finales de agosto.

El motivo de estas sanciones es que esos vehículos sancionados tienen autorizaciones de las antiguas 4 APR, las que se integraron en Madrid Central. Autorizaciones que, a pesar de que tenían validez hasta dentro de unos años, había que renovarlas a partir del 30 de Junio de este año. Es lo que dice la ordenanza de puesta en marcha de Madrid Central que dictó el anterior gobierno municipal, el de Manuela Carmena.

El problema es que ese equipo de gobierno no informó de la caducidad. No comunicó que esos vehículos tenían que sacar otra autorización o bien llamando al 010, a través de LINEA MADRID o acudiendo a la oficina municipal de la calle Bustamante. Daba por hecho que en los 7 meses que transcurrieron entre el 30 de noviembre, fecha de la entrada en vigor de Madrid Central, y el 30 de Junio, la gente se iba a enterar de que tenía que renovar esos permisos.

No ha sido así, nadie les avisó y han seguido entrando. Desde el 8 de julio hasta finales de Agosto, han sido multados por haber caducado esta autorización 5.300 vehículos. Hay casos de coches con tan sólo una multa, pero los hay que deben hasta 5.000 y 6.000 euros. A estos casos más graves son a los que ha llamado el actual gobierno municipal para informarles de que estaban acumulando una deuda importante.

Desde el Ayuntamiento de Madrid aseguran que estudiarán todas las alegaciones que se presenten caso por caso, aunque advierte que las multas son legales. Sólo están cumpliendo con la normativa que dejó el equipo de Carmena.

Insisten además que, nada más llegar al Palacio de Cibeles, implantaron una moratoria de multas hasta solucionar los problemas que tenía Madrid Central y para replantearse esta área de prioridad residencial. Moratoria que hubiese evitado este problemas, las multas no se hubiesen puesto, pero que fue paralizada por la justicia debido a los recursos del PSOE y de varias asociaciones ecologistas.