En medio de la crisis sanitaria que vivimos hay un asunto que se ha colado en la agenda política: el futuro de los centros de educación especial.

En la nueva ley de educación, el Gobierno dice que quiere dotar de más recursos a los colegios ordinarios para que puedan atender mejor a los alumnos con discapacidad y se da para ello un plazo de 10 años. Sin embargo, muchos padres ven en esta medida una forma de ir desmantelando poco a poco estos centros de educación especial.

Carla tiene 15 años y una discapacidad que le impide ir a un colegio normal. En declaraciones a Herrera en Cope en Madrid, Rosana, su madre, nos explica que ”en su clase son sólo ocho alumnos que cuentan con un tutor y un auxiliar que están constantemente pendientes de ellos. Les ayudan a moverse, a comer y hasta a asearse”, nos explica.

Por eso, aunque Rosana está totalmente a favor de la inclusión, cree que hay que estudiar cada caso uno a uno pero no de forma generalizada porque, como nos confiesa, no es posible que su hija pueda acudir a un colegio ordinario: “mi hija no lee, no escribe y casi no habla… ¿cómo va a seguir el ritmo de una clase normal?”, se pregunta.

Y eso sin hablar de las capacidades y conocimientos que necesitan los docentes que les atienden. Rosana pone el acento en que no vale cualquier docente para atender a estos niños porque, Carla, por ejemplo, “aunque tiene 15 años su desarrollo cognitivo es el de una niña de dos años y medio”.

“Es una niña muy cariñosa, pero tiene trastornos de conducta, si se pone nerviosa actúa compulsivamente y produce agresiones involuntarias, Además, reacciona mal ante los estímulos externos como el ruido excesivo. Necesitaría estar constantemente acompañada por una persona de contención”, nos confiesa. Algo que hacen a la perfección los profesores de su colegio actual: “Son unos súper héroes”, reconoce Rosana.