Cristina Sanz cumplió su sueño de adquirir una farmacia en Madrid en diciembre del año pasado. Sin embargo, su ilusión inicial se ha convertido en una auténtica pesadilla. No puede tomar posesión de su negocio, porque la anterior dueña se niega a abandonar la farmacia al no reconocer el concurso de acreedores por el que se hizo la compra/venta.

Cristina ha denunciado esta situación al Colegio Oficial de Farmacéuticos, a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y hasta a la policía, que no puede hacer nada sin una resolución judicial. Mientras tanto, los días van pasando y la antigua propietaria sigue trabajando como si nada, a pesar de las advertencias que ha recibido por parte de las autoridades sanitarias.

“A esta señora le da igual todo, ella sigue ejerciendo libremente”, nos ha confesado Cristina en declaraciones a Herrera en Cope en Madrid. Y eso, a pesar de que “le han suspendido la receta electrónica, ella no puede dispensarla”. Pero la farmacia sigue abierta, “por lo que sigue vendiendo medicamentos, haciendo test de intolerancia, etc…”, nos explica.

Cristina, además, se encuentra en una doble encrucijada. Ella es la que afronta los gastos de la farmacia, sin poder trabajar en otro sitio: “Yo estoy pagando mi préstamo, estoy como autónoma, estoy pagando la comunidad de propietarios del local porque está a mi nombre. Y tengo el título pillado en esa farmacia, por lo que no puedo trabajar en otro sitio que no sea esa farmacia que, en realidad, es mi farmacia”, nos explica.

Todo ello sin contar con el grave perjuicio que supone esta situación para todos los clientes de esa farmacia estando, como estamos, en plena pandemia por culpa del Covid.