“La democracia tiene derecho a defenderse de sus enemigos”. Con esta rotundidad se pronunciaba desde los micrófonos de Herrera en COPE el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, ante la pregunta de si vería posible la ilegalización del independentismo catalán. Era una hipótesis que había dejado en el aire el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, pero Lambán va más lejos todavía y apela al precedente de la ilegalización de Batasuna. De forma inmediata, considera que el Gobierno central debería asumir las competencias en orden público e incluso en educación y política lingüística. En lugar de seguir ofreciendo diálogo al presidente Torrá, el presidente aragonés cree que hay que combatir el “supremacismo catalán” con la ley y con “la verdad”.

Su propuesta es recuperar la presencia del Estado en Cataluña y combatir la tergiversación de la realidad que propaga por todas sus terminales mediáticas la Generalitat, algo que, reconoce, el Gobierno solo puede llevar a cabo en unión con los partidos constitucionalistas. Y aquí es donde empiezan a aflorar las contradicciones. Lambán y Page aciertan de lleno en su diagnóstico: hace falta una acción concertada para el restablecimiento del Estado de Derecho en Cataluña. Pero un Pedro Sánchez instalado en la Moncloa gracias al apoyo de los secesionistas no deja demasiado margen de maniobra.